La Comisión Europea ha presentado una propuesta para aprobar la nueva Ley Europea de Innovación, una iniciativa estratégica orientada a conseguir que las ideas y tecnologías desarrolladas en el territorio comunitario se financien, escalen y consoliden dentro de las fronteras de la Unión. El proyecto, integrado en la Estrategia de la Unión Europea para empresas emergentes y en expansión (startups y scaleups) y en la Brújula de Competitividad, busca contrarrestar la tendencia histórica por la que la investigación y el talento europeo terminan convirtiéndose en un éxito económico en terceros países debido a la fragmentación normativa y a las barreras para atraer inversión.
Para solventar los problemas de acceso al capital, la norma introduce un marco común europeo para la valoración monetaria de los activos de propiedad intelectual y las patentes. En torno a este sistema se articulará un mercado digital comunitario para la compraventa de propiedad intelectual respaldado por asesoramiento experto. Según las estimaciones de la Comisión, estas herramientas supondrán un ahorro de 35 millones de euros en costes administrativos y permitirán desbloquear hasta 10.200 millones de euros anuales en financiación adicional mediante capital riesgo y deuda avalada por activos intangibles.
El segundo pilar de la propuesta se centra en la homogeneización de los procedimientos de contratación pública en investigación y desarrollo (I+D). La ley establecerá un trámite unificado que ofrecerá mayor seguridad jurídica, agilizará la llegada al mercado de soluciones tecnológicas vinculadas a la salud, la movilidad limpia o la educación, y facilitará las licitaciones conjuntas entre compradores públicos de distintos Estados miembros. Esta medida generará un ahorro anual de 1.000 millones de euros a las administraciones y reportará unos beneficios adicionales estimados en 25.920 millones de euros al año para el tejido empresarial.
De forma paralela, el Ejecutivo comunitario ha propuesto una Recomendación del Consejo para unificar el marco regulatorio de los espacios controlados de pruebas (sandboxes) en los ámbitos no cubiertos por la legislación vigente. Esta fórmula permite a empresas, centros de investigación y entidades públicas ensayar nuevos productos y servicios en un entorno supervisado antes de su comercialización. Con esta armonización se pretende eliminar la disparidad normativa entre países y dar margen de experimentación a los innovadores protegiendo a su vez el interés público.
Con este paquete normativo, la Unión Europea aspira a reforzar su soberanía tecnológica, su prosperidad económica y su competitividad global a largo plazo. La iniciativa facilita que las empresas emergentes puedan operar a escala transfronteriza sin las trabas burocráticas derivadas de los 27 sistemas nacionales, creando un ecosistema más atractivo para el capital privado y protegiendo el valor del conocimiento generado en Europa.
