El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha firmado un memorando presidencial para identificar y aplicar medidas inmediatas que retiren los productos de origen canadiense del sistema de contratación pública federal. La Casa Blanca ha justificado la decisión como una respuesta directa a las políticas de Canadá que niegan el acceso equitativo a las empresas estadounidenses en sus mercados gubernamentales tanto a nivel federal como provincial. Washington busca así restablecer el principio de reciprocidad en el comercio bilateral, acusando a su vecino del norte de mantener prácticas desleales e irrazonables contra la producción de su país.
La orden ejecutiva, publicada en la página web oficial, encomienda al director de la Oficina de Administración y Presupuesto y al Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), en coordinación con el Consejo Regulador Federal de Adquisiciones, la ejecución de los trámites necesarios para bloquear la compra de bienes canadienses. Asimismo, la directiva exige a la oficina del USTR mantener un seguimiento continuo sobre el trato que las instituciones canadienses dispensan a las exportaciones estadounidenses. Desde el Ejecutivo estadounidense denuncian que las firmas canadienses han disfrutado de un acceso preferencial a una tarta de contratación pública valorada en más de 280.000 millones de dólares, mientras que las pymes estadounidenses sufren restricciones al otro lado de la frontera.
La Casa Blanca ha criticado duramente las políticas de preferencia nacional promovidas en el territorio vecino, agrupadas bajo la directriz «Compre productos canadienses», asegurando que vulneran los compromisos previos asumidos por Ottawa. Según el comunicado oficial, las restricciones aplicadas en las distintas provincias canadienses han perjudicado de forma sistemática a los trabajadores y pequeños empresarios de Estados Unidos. Con este movimiento, la administración Trump pretende endurecer su postura negociadora y exigir responsabilidades a su socio norteamericano por lo que considera un desequilibrio comercial inaceptable en el suministro de bienes públicos.
El memorando se suma a una escalada de tensión comercial previa entre ambas naciones. El pasado 8 de septiembre de 2026, el presidente Trump ya hizo uso del artículo 338 de la Ley Arancelaria de 1930 para prohibir e incrementar los aranceles a determinados bienes canadienses. Aquella medida punitiva se justificó como un mecanismo de compensación ante las trabas discriminatorias que Canadá impone a las exportaciones estadounidenses en sectores estratégicos como los vehículos de motor, los productos lácteos y las bebidas alcohólicas.
Esta ofensiva en las compras gubernamentales se enmarca en la doctrina proteccionista «Estados Unidos Primero», mediante la cual la Casa Blanca busca reducir el déficit comercial y blindar el tejido manufacturero e industrial de la nación. En este contexto, el gobierno estadounidense ha reiterado su rechazo a renovar el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) en su redacción actual. La administración considera que el tratado vigente no reporta los beneficios suficientes para los agricultores, ganaderos, fabricantes y proveedores de servicios estadounidenses, exigiendo una reestructuración profunda del marco regulatorio trinacional.
El Ejecutivo sostiene que el uso estratégico de los aranceles y la presión negociadora sobre los socios extranjeros han permitido captar billones de dólares en inversiones privadas y extranjeras en suelo estadounidense. El objetivo final expuesto por la Casa Blanca pasa por relocalizar la producción manufacturera, respaldar la creación de empleo de alta cualificación, diversificar las cadenas mundiales de suministro y reducir la dependencia de economías competidoras o adversarias en el mapa internacional.
Imagen: El presidente Donald J. Trump participa en un evento de Steel Across America que conmemora el 25 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre, el 8 de septiembre de 2026. Casa Blanca.
