El Partido Popular ha entrado de lleno en modo preelectoral. Convencidos de que el cambio de ciclo es una urgencia nacional, desde la formación conservadora dan por liquidado el mandato de Pedro Sánchez, al que acusan de aferrarse al poder frente a la evidencia de su desgaste. El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte, Borja Sémper ha constatado este escenario afirmando que «hace tiempo que el Congreso de los Diputados y la sociedad española censuraron a este Gobierno», pero ha advertido que el líder socialista «está atornillado a La Moncloa y le da igual».
Ante un panorama que describen marcado por «la inflación por las nubes, los salarios por los suelos y la corrupción campando a sus anchas», el PP ya estructura su discurso puramente como un programa de Gobierno a corto plazo. La formación asegura estar lista para abordar las reformas que el país necesita «con cabeza y pensando que gobernamos para todos, no sólo para los que nos han votado», garantizando a los ciudadanos que pronto habrá «un presidente del Gobierno que trabaje para todos».
En este contexto de preparación ante un posible adelanto electoral, el partido ha comenzado a desgranar las primeras decisiones que tomaría un Consejo de Ministros liderado por Alberto Núñez Feijóo. En el plano económico, la carta de presentación es un plan de choque inmobiliario para combatir una crisis que está «imposibilitando a toda una generación el acceso a la vivienda». La promesa electoral es clara: «La prioridad nacional es construir vivienda, liberar suelo y agilizar los trámites», asegurando que impulsarán al sector para que construya «como si no hubiera un mañana».
La descolonización de las instituciones se erige como el segundo gran pilar de su oferta a los votantes. Frente a un PSOE al que acusan de haber «naturalizado» la corrupción y manipulado organismos «desde el CIS hasta Radio Televisión Española», el PP se compromete a «abrir las ventanas» y nombrar a verdaderos profesionales. Para marcar el contraste con la actual legislatura, el portavoz ha lanzado una advertencia categórica sobre el respeto a la separación de poderes: «Si hay un solo ministro del Gobierno de Feijóo que insulte a un juez, será puesto de patitas en la calle».
La seguridad nacional y la política migratoria completan la hoja de ruta del PP en su carrera hacia La Moncloa. Al cumplirse dos meses del asalto a la valla de Ceuta —un episodio que el partido califica como «un antes y un después»—, el portavoz ha apelado directamente a la preocupación en las calles, denunciando que «hoy hay compatriotas que viven con miedo» y tachando la situación de «indecente».
Con un tono de contundencia diseñado para movilizar a su electorado en las urnas, el vicesecretario ha dejado claras cuáles serán sus primeras medidas en materia de Interior: «No sólo vamos a sacar a los invasores de Ceuta, sino que vamos a proteger nuestras fronteras». «Vamos a recuperar la dignidad de España y se acabó la broma», ha sentenciado, consolidando un discurso de firmeza con el que el Partido Popular espera precipitar el final de la era Sánchez.
