El epicentro del debate sobre la crisis inmobiliaria se ha trasladado este viernes de los escaños a las calles de la capital. Centenares de ciudadanos, que mantenían una acampada reivindicativa en la Puerta del Sol, han iniciado una marcha hacia el Congreso de los Diputados impulsados por el Sindicato de Inquilinas y diversas organizaciones sociales.
La movilización busca presionar a los grupos parlamentarios en una jornada decisiva para la legislatura, marcada por el debate y la previsible caída de los dos macrodecretos de vivienda propuestos por el Ejecutivo de PSOE y Sumar.
Pasadas las 11:00 de la mañana, la multitud ha avanzado hacia las Cortes bajo consignas como «vergüenza» o «los inversores son los invasores», expresando su frustración ante la parálisis legislativa. La protesta ha servido también como plataforma para que los sindicatos y colectivos asistentes hagan un llamamiento a una «huelga general», exigiendo soluciones urgentes no solo para garantizar el derecho a un techo, sino también para blindar los servicios públicos como la sanidad y la educación. Entre las quejas más repetidas, los manifestantes acusan directamente a los diputados opositores de tumbar la normativa para proteger sus propios «intereses económicos rentistas».
Ante el avance de la marcha hacia la Carrera de San Jerónimo, el Ministerio del Interior ha activado un amplio dispositivo de seguridad para perimetrar la Cámara Baja. La Policía Nacional ha cercado los accesos al edificio, desplegando cordones de seguridad que han obligado a desviar el tránsito de vecinos y peatones hacia calles aledañas, como Ventura de la Vega, aislando el recinto legislativo de la protesta ciudadana.
Este clima de agitación social en las calles transcurre en paralelo a una aritmética parlamentaria letal para los intereses de Moncloa. Salvo un giro drástico e inesperado de última hora, el Congreso rechazará la convalidación de la normativa gubernamental. Al rechazo ya previsto del Partido Popular y Vox se ha sumado la negativa definitiva de Junts per Catalunya, que ha avanzado su intención de remitir al Gobierno una propuesta alternativa. Este inminente naufragio político alimenta la indignación de los colectivos sociales, cuyas acampadas y protestas amenazan con seguir extendiéndose por diversas plazas del territorio nacional.
