Fernando de Rosa
Los letrados de la Administración de Justicia (antiguo cuerpo de secretarios judiciales) han iniciado una huelga indefinida solicitando que el Ministerio de Justicia cumpla aquello a que se comprometió. Pero la respuesta del Ministerio de Justicia ha sido el insulto y la descalificación. Es indignante que el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, exsenador socialista, haya despreciado reiteradamente a unos funcionarios públicos por el mero hecho de ejercitar un derecho constitucional como es el derecho de huelga.
Nunca me hubiera imaginado que un alto cargo de un gobierno democrático empleara el insulto en vez del diálogo a la hora de una negociación, y menos que se acusara a un colectivo de Juristas, nada más y nada menos de “golpistas”, al acusarles de ir a una “huelga política”, “sin finalidad profesional” y de ir “contra el pueblo”.
Realmente el autodenominado gobierno más progresista de la historia española tiene un extraño portavoz en el referido secretario de Estado, que evidencia hasta donde llega el talante negociador. Los conflictos se deben intentar resolver y lo último que procede es echar gasolina para intentar desprestigiar a unos funcionarios que piden dignidad para su ejercicio profesional, aumentando las llamas del conflicto al añadir un nuevo elemento de enfrentamiento como es el agravio personal.
Los LAJ son un colectivo que ha estado defendiendo el Estado de Derecho en momentos muy complicados, como en la pandemia, sosteniendo el funcionamiento de juzgados y tribunales junto a otros colectivos, e incluso defendieron la Constitución en las jornadas del asalto a la conselleria de economía en las jornadas aciagas previas al referéndum ilegal en Cataluña.
El Ministerio de Justicia, con la silente ministra LLop a la cabeza, no pueden despreciar en vez de negociar, puesto que la Justicia no está para descalificaciones e insultos sino para soluciones, y la huelga indefinida de los fedatarios públicos no es algo que puede ser despachada con desprecio, sino con ánimo constructivo y así evitar la suspensión de miles de juicios y actuaciones judiciales, que están sumiendo en el caos a la Justicia valenciana.
No entiendo que a la ministra LLop le importe tan poco la dignidad de la Justicia, y mantenga en su puesto a Antonio Julián Rodríguez, porque sin duda su conducta está poniendo trabas a leyes que se están tramitando en el parlamento y que necesitarán de un ambiente de colaboración de todos los colectivos jurídicos para que puedan tener éxito.
Me consta que el colectivo de LAJ y sus asociaciones han intentado negociar con el ministerio, e incluso han solicitado la mediación de vocales del CGPJ y de la abogacía. A quien se está echando en falta es a la Conselleria de Justicia valenciana que no se está implicando en mediar para poder resolver una huelga indefinida que está repercutiendo de forma muy preocupante en las relaciones de los distintos operadores jurídicos y de los ciudadanos en general.
Desde el gobierno de España y de la Generalitat Valenciana parece que la única huelga que interesa es la llevada a cabo en la sanidad madrileña, realizando continuas declaraciones imputando falta de diálogo al gobierno de Madrid, olvidando la huelga que está suponiendo miles de suspensiones de juicios, e incluso de bodas civiles o entrega de dinero a los litigantes.
La Administración de Justicia no se merece un ministerio que no trabaje para solucionar problemas y que se dedique a provocar incendios que arrastren al conflicto a los distintos colectivos jurídicos, porque la utilización de la descalificación como método de negociación no es lo mejor para alcanzar acuerdos, tampoco para la acción política y menos, en las relaciones humanas. Tampoco se merece un gobierno valenciano que esté callado viendo cómo naufraga un servicio público tan necesario en una sociedad democrática.
Urge una solución ya, porque quienes están pagando las consecuencias son los ciudadanos que ven cómo sus procedimientos se suspenden sine die y los profesionales que acuden a los juzgados sin saber si van a poder celebrar los señalamientos. Hay una oportunidad en la reunión del día 16 de febrero entre el comité de huelga y el ministerio, esperemos que haya “fumata blanca” y que se recupere la normalidad en este servicio público tan necesario para el buen funcionamiento del Estado de Derecho. Esperemos que la consellera Bravo exija a su compañera Pilar LLop soluciones, diálogo y acuerdo.
