El presidente del área de Justicia del sindicato CSIF Comunidad Valenciana, Bruno Antuña, ha denunciado en El Intercafé: “en nuestra comunidad autónoma, la administración está pagando a 5.000 funcionarios que trabajan por 7.000 por la falta de medios y el querer llegar a toda la labor, por lo tanto, les salimos baratos”.
En esta línea, Antuña ha indicado: “la Comunidad Valenciana está a la cola de retribuciones porque Bolaños paga 200 euros más a sus funcionarios que Mazón, y esa es la realidad. Desde la Generalitat nos trasladan su apoyo moral, pero con eso no nos vale, y además, comunidades autónomas que estaban en mejores condiciones ya han firmado su acuerdo para ese incremento”.
Por este motivo, el presidente del área de Justicia del sindicato CSIF CV ha afirmado: “estamos un poco cansados de qué los argumentos de la Generalitat para negociar sean los mismos durante meses, como son la infrafinanciación, la herencia del gobierno anterior o la ausencia de fondos. Llevan ya un año, y nuestra situación de injusticia sigue igual”.
Acerca de la posible segunda ciudad de la justicia de Valencia, Bruno Antuña ha fundamentado: “debemos hacer antes Torrente, que la segunda ciudad de la Justicia de la ciudad de Valencia. Ahora, Gandía y Lliria están a punto de abrirse, pero todavía quedan muchos de los planes por hacer, tal y como anunciaron por todo lo grande el Botànic”.
Por otro lado, analizando todo lo que depara la elección del CGPJ, el responsable de Justicia en CSIF CV ha incidido: “no quieren soltar ese chollo de elegir a los vocales del CGPJ, y esto es culpa de todos. La Constitución dice que los vocales se elegirán a través de la ley que lo regule, y el PSOE determinó en el 85 que se elegirían por 3/5 del Congreso y el Senado, pero el PP con su mayoría absoluta decidió no modificar nada”.
De hecho, Antuña ha apuntado: “el 99% de la magistratura quiere trabajar y hacerlo de forma libre, aunque haya una parte que tiene ciertas aspiraciones políticas. Hay un 20% de magistrados del Supremo que entran a dedo porque se les reconoce ciertas competencias, pero no han aprobado las oposiciones como el resto”
Por último, en referencia a la falta de recursos humanos, Bruno Antuña ha abogado: “con el paso del tiempo, el personal interino ha recogido una experiencia en determinadas plazas que tienen su dificultad. Con la ley de estabilización se establece un límite temporal de 3 años y después no pueden seguir en ese puesto, si no que volverán a la bolsa para otro espacio, pero, además, la ley prohíbe que ese puesto sea ocupado por otro interino para no incurrir en fraude de ley, dejando así vacíos muchos puestos”.
“Antes del año 2011 salía mucho más caro un interino que un funcionario de carreras, por el régimen general en el que se regía cada uno, pero por el motivo que sea, a las administraciones no les ha dado la gana sacar las plazas públicas que necesitamos”, ha concluido el presidente de Justicia del sindicato CSIF CV.
