Desde la irrupción de la pandemia de COVID-19, el sistema sanitario ha experimentado cambios profundos, entre ellos, la consolidación del modelo de cita previa como principal forma de acceso a los servicios médicos. Esta práctica, que inicialmente surgió como medida para minimizar los contagios, se ha mantenido como una constante incluso tras el fin de las restricciones más estrictas. Pero, ¿es este sistema realmente beneficioso para los pacientes?
El origen de la cita previa fue durante la crisis sanitaria, las administraciones públicas, gobernadas entonces por el PSOE, impulsaron la cita previa como una herramienta indispensable para evitar la saturación en los centros de salud y reducir los riesgos de aglomeraciones en salas de espera. Esta estrategia tenía un objetivo claro: proteger tanto a pacientes como a profesionales de posibles contagios. Sin embargo, tras la estabilización de la pandemia, este modelo no solo ha perdurado, sino que parece haberse convertido en el eje estructural del sistema sanitario.
Ahora, bajo el gobierno del PP en algunas comunidades, el enfoque no ha cambiado significativamente. Las agendas de los profesionales continúan marcadas por largas listas de espera, y los ciudadanos enfrentan una realidad en la que conseguir una consulta puede tardar semanas, incluso meses.
Una de las críticas más comunes es la percepción de que los centros de salud están vacíos en comparación con épocas previas a la pandemia. Los pasillos tranquilos y las salas de espera semidesiertas contrastan con las interminables demoras en conseguir una cita. Este fenómeno genera frustración entre los pacientes, quienes, en casos urgentes como un catarro mal gestionado, no ven otra salida que recurrir a los servicios de urgencias, ya sobrecargados.
Este problema pone de manifiesto una aparente desconexión entre la planificación administrativa y las necesidades reales de la población. Si bien las herramientas digitales para gestionar citas han mejorado la organización en muchos casos, también han creado barreras para los sectores más vulnerables o menos habituados a las tecnologías.
El mantenimiento de la cita previa como sistema predominante responde a varios factores:
- Optimización de recursos: Con agendas planificadas, los profesionales pueden gestionar mejor su tiempo. Sin embargo, esto no siempre se traduce en una atención más eficiente para los pacientes.
- Falta de personal sanitario: La crisis de recursos humanos en la sanidad pública, agravada por jubilaciones y falta de reposición, limita la capacidad de atender más pacientes de manera presencial y sin cita previa.
- Inercia administrativa: Muchas medidas implementadas durante la pandemia han perdurado por falta de replanteamiento, ya sea por comodidad o falta de voluntad política.
El desafío actual radica en encontrar un equilibrio. La cita previa, en sí misma, no es un problema, sino su implementación rígida y generalizada. Para casos como los catarros, heridas menores o dolencias que no requieren de seguimiento prolongado, podría recuperarse un sistema mixto que combine citas programadas con atención sin cita, evitando así que los pacientes saturen las urgencias innecesariamente.
La sanidad pública necesita adaptarse a las realidades postpandemia que ya queda muy atrás en el tiempo . La prioridad debe ser garantizar un acceso ágil y eficiente para los pacientes, independientemente de qué partido esté en el poder. De lo contrario, el sistema seguirá perdiendo la confianza de los ciudadanos, quienes, ante la desesperación, se ven obligados a buscar alternativas privadas o a colapsar los servicios de urgencias.
[/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]
