Ultimátum de la Justicia al Gobierno valenciano que preside el ‘popular’ Carlos Mazón. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha reiterado su requerimiento a la Generalitat para que identifique a la persona que ordenó el envío del SMS de alerta por la dana el pasado 29 de octubre. El plazo es de cinco días, según publican varios medios de comunicación. Además, ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) información detallada sobre el caudal del barranco del Poyo en la franja horaria comprendida entre las 16:13 y las 18:42 de ese día, así como el método utilizado para su transmisión, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
En un auto notificado a las partes este jueves, la magistrada también ha requerido a diversos medios de comunicación material videográfico sobre la crecida de la rambla y las declaraciones emitidas por autoridades y responsables de Emergencias. Su interés se centra en esclarecer el conocimiento que tenían sobre el sistema Es-Alert, el nivel de alerta y la evolución meteorológica durante la jornada de la tragedia. Asimismo, ha citado a declarar como perito a un investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, responsable de un estudio cartográfico que detalla las cotas alcanzadas por el agua tras el desbordamiento del barranco del Poyo en varios municipios de la comarca de l’Horta Sud.
El auto judicial destaca que, tras la toma de declaración a testigos y familiares de las víctimas en el partido judicial de Catarroja (uno de los diez en los que hay diligencias abiertas), se evidencia un «desconocimiento por parte de las víctimas del altísimo riesgo en el que se encontraban» debido al desbordamiento del barranco del Poyo y del barranco de l’Horteta.
La jueza subraya que muchas de las víctimas eran personas mayores que se hallaban en las plantas bajas de sus domicilios cuando murieron, mientras que otras estaban en la calle o intentaban retirar vehículos de los garajes cuando, a las 20:11 horas, se envió el SMS de alerta recomendando evitar desplazamientos.
Por ello, la magistrada considera esencial determinar si se realizaron mediciones adecuadas del caudal del barranco y si los responsables de Emergencias eran conscientes del peligro. En este sentido, plantea si la simple observación de la crecida por parte de cualquier persona cercana podría haber servido de advertencia para activar medidas preventivas con mayor antelación.
Sistema Es-Alert
Más allá de la remisión del SMS, el juzgado busca esclarecer si la población fue advertida del riesgo mediante otros medios, como ruedas de prensa, declaraciones oficiales o comunicados a los medios de comunicación. En relación con el mensaje de alerta, la magistrada destaca que la documentación remitida por la Conselleria de Interior y Emergencias no aclara quién tomó la decisión de enviarlo, motivo por el que vuelve a exigir a la Administración autonómica que lo comunique en un plazo máximo de cinco días. También solicita identificar al funcionario o técnico que ejecutó la orden de envío.
Por otro lado, el auto señala que en las comunicaciones de la CHJ hay un intervalo de tiempo sin registros sobre el caudal de la rambla del Poyo, entre un correo enviado a las 16:13 horas y otro a las 18:42. No obstante, la propia Confederación informó en una nota de prensa el pasado 4 de febrero que su Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) operaba con normalidad y transmitía datos actualizados cada cinco minutos.
La investigación sigue abierta y se espera que en los próximos días se recaben más pruebas para esclarecer las posibles responsabilidades en la gestión de la alerta por la DANA del 29 de octubre.
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