El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes una regularización extraordinaria para los inmigrantes en situación administrativa irregular que fueron afectados por las inundaciones del 29 de octubre. La medida, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, permitirá la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo por un año para los damnificados y sus familiares directos.
Según el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la cifra de beneficiarios ronda las 25.000 personas, el equivalente a la población de Quart de Poblet, por ejemplo. No obstante, entidades sociales elevan el número hasta las 40.000. Un total de 19 asociaciones de la Comunitat Valenciana y del resto de España habían solicitado que las ayudas a las víctimas de la Dana incluyeran a todas las personas afectadas, independientemente de su situación legal en el país.
La regularización extraordinaria se concederá «por circunstancias excepcionales sobrevenidas», según avanzó El País. Sin embargo, solo podrán acogerse aquellos extranjeros que estuvieran empadronados en alguna de las localidades afectadas o que contaran con una cita para realizar este trámite antes de las inundaciones. El permiso también se extenderá a los cónyuges, hijos menores del solicitante o de su pareja, así como a hijos adultos con algún tipo de discapacidad. Se trata, en su mayoría, de personas que trabajaban en la economía informal y que no pueden demostrar su empleo o su despido a consecuencia del desastre natural.
Desde organizaciones como València Acoge critican que la exigencia del empadronamiento puede dejar fuera a muchos migrantes en situación irregular, quienes, debido a su condición, tienen grandes dificultades para registrarse oficialmente. «Para los migrantes en situación administrativa irregular es muy complicado empadronarse. Sin embargo, sí podrían acreditar su residencia en València con informes de servicios sociales, de las entidades que trabajan con ellos, facturas o documentos similares», denuncian desde la organización.
Las entidades sociales han alertado sobre el «doble castigo» que ha supuesto la Dana para estos colectivos, ya que, debido a la falta de documentación oficial, tampoco han podido acceder a las ayudas aprobadas para los afectados. A pesar de la medida del Gobierno, temen que muchas personas vulnerables continúen sin la protección necesaria tras haberlo perdido todo en las inundaciones.
