El ya exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Juan Manuel Badenas, suspendido de militancia de Vox, ha convocado a los medios de comunicación a una rueda de prensa este miércoles para explicar su versión de los hechos. Ha durado cuarenta minutos la comparecencia, que no la rueda de prensa al uso, ya que los periodistas no han podido preguntar. Un ejercicio de transparencia limitada que contrasta con la que puso encima de la mesa en enero del año pasado cuando aclaró dónde estaban los famosos casi 17.000 euros de la contabilidad del grupo municipal. El dinero no se había gastado y «estaba en caja y en otra cuenta» reconoció. Además, pidió, para contraprogramar, una ‘auditoría de infarto’ sobre los contratos de fundaciones y empresas municipales desde 2015, coincidiendo con la llegada del PSPV-PSOE y Compromís al Ayuntamiento.
Mañana día 5 de marzo a las 13:00 horas, espero a todos los medios en el Ayuntamiento de Valencia para explicarles que hoy he presentado en el juzgado de guardia una querella por las grabaciones ilegales y por todo lo publicado los últimos días. Cuenta de Badenas en X. Mensaje publicado el 4 de marzo.
Ese intento de luz y taquígrafos ha querido implementarlo a su actual situación, pero ha dejado más dudas que certezas. La publicación de varias grabaciones privadas en las que, presuntamente, Badenas admitía el amaño de una adjudicación y criticaba a compañeros de su partido ha desatado una crisis política. Como consecuencia, Vox le ha impuesto un castigo temporal y ha presentado una querella ante la Fiscalía (imagen). Ante la expectación generada, Badenas ha comparecido ante los medios, pero en lugar de ofrecer explicaciones claras, ha dedicado 40 minutos a hablar de aspectos técnicos de contratación, ha insinuado que la corrupción afecta al PP y no a Vox, y ha asegurado ser víctima de un «complot chapucero, propio de Pepe Gotera y Otilio». Además, ha comparado su situación con el caso Watergate y ha abandonado la sala sin admitir preguntas, limitándose a decir «ya hablaré».
El teniente de alcalde ha denunciado que está siendo objeto de una persecución política por dos motivos: su militancia en Vox y su postura sobre el Valencia CF y los derechos urbanísticos concedidos a Peter Lim para la finalización del Nou Mestalla. Según Badenas, todos los grupos municipales apoyaron esa concesión, excepto Vox, lo que le habría convertido en un blanco político. Para reforzar su versión, ha dado paso a un técnico de Valencia Activa, quien ha asegurado que toda la información que recibió la Fundación sobre el contrato en cuestión era legal. A pesar de ello, Badenas ha reconocido que no participó en la tramitación ni en la elaboración de los pliegos porque legalmente no le correspondía, aunque ha empleado buena parte de su intervención en exponer detalles técnicos, tratando de desviar la atención y evitando aclaraciones concretas antes de marchar.
Uno de los ejes de su defensa ha sido su afirmación de que el pliego supuestamente amañado no pertenecía a Valencia Activa, sino a Las Naves, entidad gestionada por el Partido Popular dentro del gobierno municipal. Con este argumento, ha intentado trasladar la responsabilidad a sus socios de gobierno, asegurando además que los metadatos del documento no incluyen el nombre de Javier Cebrián, trabajador de la empresa Imades y marido de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Según Badenas, en los metadatos solo aparece el nombre de Sandra García, empleada de KPMG y responsable de la elaboración de los pliegos de
«Esto es un engendro súper burdo. Han intentado crear la apariencia de un informe que nunca ha existido y, si ha existido, no se ha editado. Menuda manera de influir en los pliegos», ha denunciado Badenas, insistiendo en que se trata de un montaje chapucero para desacreditarle. A pesar de ello, ha asegurado que seguirá defendiendo los valores y principios por los cuales los valencianos le votaron en las elecciones municipales.
Finalmente, Badenas ha anunciado que ha presentado una querella contra todas las personas implicadas en la difusión de las grabaciones, que incluyen conversaciones «estrictamente privadas». La denuncia, dirigida a miembros de distintas formaciones políticas, medios de comunicación y otras personas, busca que se investiguen posibles delitos de injurias, calumnias, vulneración de la intimidad.
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