La investigación judicial sobre la gestión política de la catastrófica dana que arrasó parte de la provincia de Valencia ya tiene sus primeros señalados. La jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), ha declarado como investigados (antes imputado) a Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, y a Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, por su papel en la respuesta institucional a las inundaciones que provocaron 228 muertes y cientos de damnificados.
Según consta en un auto notificado este lunes, la magistrada considera que ambos ex altos cargos deben responder por su actuación en el dispositivo de emergencias desplegado por la Generalitat Valenciana durante la crisis. La jueza destaca que Pradas, destituida semanas después de la tragedia, era la “máxima autoridad” en la adopción de medidas de autoprotección para la población. Su declaración judicial, sostiene, tiene “relevancia orgánica y decisoria”.
Entre los elementos clave de la investigación está el uso del sistema Es-Alert, la herramienta de avisos masivos a móviles que no fue activada hasta las 20:11 horas del 29 de octubre, cuando ya se contabilizaban decenas de fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas. Ruiz Tobarra considera que el aviso fue “tardío y erróneo”, y remarca que la dana “no fue un fenómeno meteorológico imprevisto”, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había advertido previamente de su intensidad.
De hecho, la propia Universitat de València decidió suspender sus actividades ese día ante la previsión de lluvias extremas. Sin embargo, el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) no se reunió hasta las 17:00 horas, cuando el 112 ya recibía numerosas llamadas de municipios como Chiva o Cheste alertando del desbordamiento del barranco del Poyo.
La Generalitat atribuyó a Pradas la responsabilidad de activar el sistema Es-Alert, y la propia exconsellera reconoció en una entrevista que desconocía su existencia hasta que un técnico se lo explicó, solo una hora antes del envío del mensaje. El sistema, sin embargo, estaba operativo desde 2023, tal y como admitió el Gobierno autonómico.
Dramáticos testimonios y errores de gestión
El auto judicial recoge algunos de los testimonios más sobrecogedores de aquel día: una mujer embarazada de ocho meses atrapada en su coche, una vecina desaparecida al ir a recoger su vehículo en un garaje de La Torre o una familia entera arrasada por el agua en su vivienda en Chiva. La jueza considera que estos hechos evidencian que la respuesta de las autoridades fue insuficiente y tardía.
Las imputaciones se derivan de la querella presentada por la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud, integrada por más de un centenar de familias. El escrito señalaba a cinco altos cargos del Consell y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, aunque solo Pradas y Argüeso serán finalmente investigados. Ruiz Tobarra ha rechazado también una denuncia de la organización Hazte Oír contra la cúpula de la CHJ por falta de indicios.
La jueza ha descartado por ahora citar como testigo o investigado al president Carlos Mazón, aunque deja la puerta abierta a que pueda hacerlo si lo solicita. En todo caso, recuerda que su condición de aforado exige que cualquier imputación sea tramitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), si así se propusiera en un futuro.
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