El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat Valenciana, Marc García, ha acusado en El Intercafé al Congreso de un «secuestro legislativo» por la falta de avances en la modificación de la Ley de Costas, una normativa que data de 1988 y que, según García, está afectando gravemente la propiedad privada en las zonas costeras. En sus declaraciones, García resaltó la postura proactiva del Consell en la defensa de los derechos de los propietarios, criticando las recientes acciones del Ministerio para hacer revisiones constantes sobre los deslindes y las delimitaciones del dominio público marítimo.
García explicó que, a pesar de que el Ministerio está revisando constantemente las líneas de dominio marítimo, estas líneas, establecidas hace más de 40 años, siguen siendo las mismas, lo que genera incertidumbre y perjuicios a los propietarios de viviendas legales situadas en la costa. “La línea roja que marca el Ministerio ya estaba fijada hace 40 años, pero ahora están haciendo revisiones continuas que afectan a viviendas construidas de forma legal y registradas en el catastro. Cuando una vivienda es declarada como terreno público de dominio marítimo, el propietario no recibe ninguna compensación, lo cual no es una expropiación, es un despojo”, afirmó García.
El director también señaló que el Consell reclama al Ministerio que se ejecuten obras en los 500 kilómetros de costa de la Comunidad Valenciana para evitar la regresión de las playas, un fenómeno que ha sido acelerado en parte por la construcción de presas que retienen los áridos, lo que contribuye a la pérdida de metros de playa durante los temporales. “No hace falta demoler las presas, existen técnicas y soluciones que pueden ayudar a mitigar este problema sin recurrir a soluciones drásticas”, destacó García.
Además, García subrayó que muchas de las viviendas afectadas por los deslindes son de más de 100 años y han albergado generaciones de familias. “Estas casas fueron construidas de forma legal, están en el registro de la propiedad y han sido parte de nuestra historia, pero por la falta de aprovechamiento de ciertos mecanismos, corren el riesgo de desaparecer”, lamentó.
En cuanto a las posibles soluciones, García mencionó dos vías. La primera es la modificación de la Ley de Costas a nivel estatal, que aún no se ha producido desde su aprobación en 1988. Aunque recientemente el Senado aprobó un artículo que permitiría mantener los bienes con valor patrimonial, el Congreso no ha introducido esta medida, lo que ha generado un estancamiento legislativo. «El Congreso está secuestrado legislativamente, ya que no se permite avanzar en una reforma que permita proteger adecuadamente la propiedad privada», afirmó.
A nivel autonómico, el Consell espera que antes del verano se vote en Les Corts la nueva ley que incluye la protección de los bienes inmobiliarios, lo que podría entrar en conflicto con la ley estatal. «El Tribunal Constitucional ya ha señalado que esta ley entra en conflicto con la normativa nacional, pero es fundamental que se avance en la protección de la propiedad privada de los valencianos», explicó García. La ley autonómica también contempla que todo planeamiento urbanístico futuro deberá reservar un 1-5% de suelo para la Generalitat, con el objetivo de ofrecer alternativas a las personas afectadas por los deslindes y evitar la pérdida de viviendas.
Finalmente, García criticó la actitud del Ministerio, que, según él, ha acelerado la revisión de los deslindes sin ejecutar las obras necesarias para frenar la regresión de las playas. «El Ministerio está priorizando sus políticas, que son perjudiciales para los ciudadanos y no tienen en cuenta las soluciones técnicas disponibles», concluyó.
