El presidente del área de Justicia del sindicato CSIF Comunidad Valenciana, Bruno Antuña, ha expresado su incertidumbre por el aumento del gasto en el ámbito judicial y ha cuestionado la efectividad de las políticas impulsadas por el gobierno regional. Según Antuña, el presupuesto destinado a la justicia en la Comunidad Valenciana ha experimentado un incremento significativo en comparación con años anteriores, alcanzando los 400 millones de euros. Sin embargo, el líder sindical considera que este aumento es insuficiente si se comparan las medidas anunciadas en el pasado con los resultados obtenidos.
«Hay un incremento en torno al 8% respecto al año pasado, y un 15% respecto a cuando estuvo la consellera de VOX. El tema es que son unas cuentas elevadas, entre otras cosas, porque se han anunciado muchas medidas durante varios años que no se han llevado a cabo, como el plan de 200 millones para dar nuevas infraestructuras a la Justicia», afirmó Antuña, criticando la falta de ejecución de promesas clave para mejorar el sistema judicial.
En cuanto a los 400 millones de euros destinados este año, Antuña destacó que gran parte de estos fondos están orientados al gasto de personal, al turno de oficio y al programa Justipop, que busca acercar la justicia a los ciudadanos mediante la figura de un abogado que acude semanalmente a cada pueblo para recoger las inquietudes de la comunidad. Aunque reconoció el valor de esta medida, también señaló los retos estructurales más profundos que enfrenta el sistema judicial.
El presidente del área de Justicia de CSIF también criticó la ineficacia de la aplicación judicial impulsada por el Consell. «Nos hemos empeñado en sacar una aplicación para albergar varios asuntos judiciales que la empresa Indra pujó por 9 millones de euros y va por más de 30, porque la aplicación funciona por ensayo y error, cuando la aplicación del ministerio Minerva se desarrollaba con garantías», aseguró Antuña, advirtiendo sobre los elevados costos y la falta de fiabilidad del sistema.
Además, el sindicalista se mostró preocupado por la gestión de los recursos humanos en el sistema judicial. «Se tiene la mala costumbre de que cuando hay una macro causa, se nombra un juez de refuerzo y otro funcionario de refuerzo. No todo se soluciona nombrando jueces, sino que estos trabajan eficazmente con los funcionarios que haya», explicó, subrayando la necesidad de una gestión más eficiente de los recursos existentes.
Antuña también criticó una nueva medida del Ministerio de Justicia, que planea crear plazas de jueces sin financiar a los funcionarios que trabajen en esos juzgados. «Ahora el ministerio ha cambiado su forma de operar para crear un juzgado, porque ahora va a crear una plaza de juez y no va a pagar el sueldo de los funcionarios que trabajen allí, cuando antes lo hacían y muchas autonomías no podrán afrontarlo», afirmó, señalando que esto podría aumentar las desigualdades entre las comunidades autónomas.
En cuanto a la situación de los juzgados en la Comunidad Valenciana, el presidente del CSIF destacó que, antes de la DANA, los juzgados ya se encontraban sobrecargados con su actividad ordinaria. «El problema es que la gente debe dedicarse a ello, para que un solo equipo pueda dedicarse a estas macro causas, pero se necesita un refuerzo a la altura para que se dedique solo a ello», subrayó.
Por otro lado, Antuña destacó la especial carga de trabajo que soporta la jurisdicción social, que se ha convertido en un termómetro de la situación económica del país, dado el aumento de los impagos de nóminas, los ERES y los concursos de acreedores. «La jurisdicción social es quien más sufre las causas de la economía, y es un termómetro muy válido para saber en qué situación está atravesando nuestro país», indicó.
Finalmente, el dirigente sindical vaticinó que el próximo año podría ser «trágico» para la administración de la justicia, debido a la creciente injerencia política y la falta de inversiones reales en personal y recursos. «Viene un año trágico en la administración de la justicia donde la mano política cada vez va a meter más mano, y en la que existen muchos cambios en el aire que nadie sabe cómo se va a acometer. Mejoras reales, sin invertir en personal o en medios, o tan solo cambios de carteles», concluyó Antuña, manifestando su preocupación por la dirección que está tomando la justicia en la Comunidad Valenciana.
