El conseller de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Comunitat Valenciana, Miguel Barrachina, ha ofrecido una perspectiva sobre el impacto de los aranceles impuestos por Donald Trump a las exportaciones agroalimentarias de la región, cifrando la afección en un 3,9%. Sin embargo, Barrachina ha desviado el foco de preocupación, señalando que el verdadero «problema» para el sector no reside en las medidas de Estados Unidos, sino en el «prohibicionismo» que, a su juicio, emana del Gobierno de España y de la Unión Europea.
Durante su intervención en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’, organizado por Nueva Economía Fórum, Barrachina ha afirmado con contundencia que «lo de Trump se puede solucionar porque lleva poco tiempo. Lo de Pedro Sánchez es irreparable». En este sentido, ha detallado que los aranceles estadounidenses afectan principalmente a la exportación de cebolla, con un impacto menor en productos como el vino y el aceite.
Contrariamente a la visión de alarma generalizada, el conseller ha relativizado el efecto del 4% de las exportaciones agroalimentarias valencianas dirigidas a Estados Unidos. Según su análisis, un aumento arancelario del 20% para estos productos, en comparación con un posible 50% para otros competidores, podría incluso generar una «ventaja competitiva» para el sector valenciano en el mercado estadounidense.
Barrachina ha insistido en que la «mala noticia» para el 96% restante del sector agroalimentario valenciano no son los aranceles de Trump, sino la carga impositiva en España, que califica como la más alta de la historia. «Están fusilando a agricultores y ganaderos con tributos», ha lamentado.
Finalmente, el conseller ha expresado su opinión de que el daño del proteccionismo estadounidense es «pasajero», argumentando que los políticos son temporales. En contraposición, ha criticado la «tendencia constante» de las políticas en España y, aunque con un tono ligeramente más optimista, ha señalado que parece estar llegando el «sentido común» a la Comisión Europea.
Agua
Barrachina ha resaltado los 99 millones de euros que su departamento va a destinar este año a la mejora de las infraestructuras hídricas. “Esta inversión, que representa un incremento del 60%, se destinará principalmente a la modernización de los sistemas de regadío, a garantizar el abastecimiento de agua y en la realización de obras de encauzamiento”.
«Es crucial disponer de las infraestructuras adecuadas para mitigar los efectos negativos de posibles nuevas riadas. Si el Gobierno de España hubiera llevado a cabo las infraestructuras previstas y localizadas, las consecuencias de las riadas del pasado mes de octubre habrían sido significativamente menores. Es urgente adoptar medidas que protejan a la ciudadanía», ha señalado.
En este sentido, Barrachina ha criticado la falta de respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tras cinco meses de espera desde que la Generalitat presentara el Plan contra Inundaciones: «Llevamos cinco meses de inacción por parte del Gobierno de España ante un plan que incluye actuaciones que podrían salvar vidas”.
El conseller ha recordado, que el pasado 7 de noviembre el Ministerio se comprometió a estudiar el documento enviado por la Conselleria, que recoge una inversión de 2.390 millones de euros, a ejecutar durante cinco años, para la implementación de medidas urgentes y preventivas frente a las inundaciones. Sin embargo, «hasta la fecha, y pese a la urgencia, no hemos recibido ninguna respuesta ni avance por parte del Gobierno central».
Durante su discurso, Barrachina ha expresado, una vez más, su rechazo a los recortes en el trasvase Tajo-Segura impulsados por el Gobierno central, puesto que se trata de «decisiones políticas, tomadas sin aval técnico, que representan una grave amenaza para la agricultura alicantina y la condenan a la desaparición de 10.000 millones de árboles.”
«Es imprescindible que las decisiones que afectan a los recursos hídricos cuenten con el consenso de las comunidades autónomas implicadas”, por ello, ha reiterado la urgencia de alcanzar un Pacto Nacional del Agua porque «nuestra tierra necesita una política hídrica justa y equilibrada, que permita a los agricultores mantener su actividad y asegurar el empleo que depende de ella. El agua es una cuestión de Estado, es de todos, no es propiedad de nadie.”
Presas y embalses
Barrachina ha destacado que «es esencial revisar todas las presas y llevar a cabo las acciones necesarias, tal como estamos haciendo en Buseo. No lo hemos dudado ni un instante, primero con un contrato de emergencia de 4,7 millones para realizar las reparaciones, y ahora, una gran inversión para asegurar su viabilidad y la seguridad de los ciudadanos de los alrededores de la presa. Otros solo se limitan a reparar algunas, pero no planifican ni construyen para el futuro. En Buseo, vamos a invertir más de 30 millones».
«Le pedimos al Gobierno de España que, en lugar de destruir presas y embalses, se enfoque en construir las infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de la población. Además, es fundamental otorgar más libertad para limpiar los cauces y agilizar las autorizaciones», ha matizado.
