La investigación sobre la gestión de la dana en la Comunitat Valenciana continúa generando controversia con los dos altos cargos autonómicos que cesaron tras aquel fatídico 29 de octubre. Mientras la Fiscalía de Valencia respalda la imputación de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, las declaraciones de los investigados revelan un cruce de acusaciones y una defensa del papel del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
Por un lado, la Fiscalía ha pedido confirmar la imputación de Pradas, argumentando que, según la ley de Protección Civil, le correspondía a ella «determinar las medidas de protección a la población que debían adoptarse». El ministerio fiscal considera que el auto de la jueza del 10 de marzo, que imputó a Pradas y al ex secretario autonómico Emilio Argüeso, «es ajustado a Derecho». Este posicionamiento se hizo público tras la declaración de Pradas como investigada.
El escrito del fiscal, que ha adelantado EFE y han confirmado varios medios locales, destaca que «la dirección del plan especial ante el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana» correspondía a la entonces consellera «una vez declarada la situación de emergencia dos, y, por ende, la función de determinar las medidas de protección a la población». La Fiscalía también recuerda que el Consell es el órgano superior de dirección de la protección civil en la C. Valenciana, que la conselleria debe gestionar el Centro de Coordinación de Emergencias, y que a la consellera titular le corresponde «ejercer el mando único de la emergencia», determinando también «las medidas de protección más convenientes para las personas».
En su recurso, la defensa de Pradas había señalado que no cabe atribuir responsabilidad penal por las muertes a un técnico o político concreto, sino «todo lo más al funcionamiento de las tres administraciones implicadas», presentándola como «cabeza de turco» de esta catástrofe. Sin embargo, la Fiscalía desestima este argumento.
Pradas defendió entre lágrimas que ella no dirigía nada y que no tenía experiencia ni conocimientos en emergencia ante la jueza. También desdtacó el papel que desempeñó Mazón el día de la riada y aseguró que el mensaje de alerta a la población (ES-Alert) enviado a las 20.11 horas no se retrasó por él. Pradas aportó un listado de llamadas efectuadas durante la jornada de la dana, incluyendo llamadas al president de la Generalitat, aunque no precisó cuántas fueron ni a qué hora. En total, serían más de un centenar de llamadas.
La exconsellera manifestó que el envío del mensaje de alerta, cuando ya había personas atrapadas y pueblos inundados, no se retrasó por Mazón, sino porque siguieron las indicaciones que les dieron los técnicos. «En todo momento», ha asegurado. En su declaración, afirmó que habló con el secretario autonómico del Gabinete del President, José Manuel Cuenca, y con el propio president durante la tarde, pero dejó claro que «no dependía del president el envío de la alerta». «No se esperó al president, el retraso no era por eso, la tardanza era por los técnicos», aseveró, para aclarar que en el Cecopi «no teníamos datos del barranco del Poyo» y que el trámite de la alerta «fue lento» pero que «nadie paró nada ni lo retrasó».
Argüeso
Por otro lado, la Fiscalía de Valencia se opone por ahora a la imputación del ex número dos de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Emilio Argüeso, «sin perjuicio de que el avance de la investigación sobre la dana revelara que tenía algún tipo de cometido ‘que hubiera podido evitar o disminuir’ las muertes». A pesar de su «relevancia orgánica y por ende decisoria», la Fiscalía se apoya en jurisprudencia del Supremo para concluir que «la responsabilidad penal es estrictamente personal», y que esa en principio debería recaer en su superior, la consellera Pradas.
Sin embargo, las declaraciones de Argüeso se produjeron según lo previsto. El ex secretario autonómico ha responsabilizado al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez (que sigue en el cargo), de indicar que «no había que hacer caso a las llamadas del 112, porque en un accidente de circulación llaman 50 personas». Argüeso, que compareció como investigado ante el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, afirmó que el día de la riada, como no le hacían caso por los rescates que le pedían, se enfadó y se fue al ‘112’, donde «salvó muchas vidas».
Asimismo, según ha trascendido, Argüeso afirmó que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ordenó a Suárez declarar el nivel 2 de Emergencia a las 15:00 horas y convocar el Cecopi, un hecho que no se produjo hasta alrededor de las cinco de la tarde.
Además, Argüeso responsabilizó al exresponsable de los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia José Miguel Basset de no haber informado de la decisión de retirar a los bomberos de la vigilancia del barranco del Poyo. Según aseguró, hasta hace unos días no ha sabido que los bomberos forestales dejaron de vigilar este barranco porque Basset «se había callado» esa información.
