El abogado, Vicente Ibor, ha destacado que la citación como investigada de Salomé Pradas responde únicamente a una garantía procesal: “Salomé Pradas está declarando porque alguien ha decidido que se debe tomar como investigada para garantizar sus derechos, pero creo que no hay indicios para avanzar en esa calidad de buscar consecuencias penales”.
El letrado ha dirigido sus críticas al Gobierno de España, al que acusa de ser el verdadero responsable de los fallos de gestión durante el temporal. “Quien ha hecho dejadez de funciones ha sido el Gobierno de España, porque la Confederación Hidrográfica del Júcar, con toda la información que otorgaba y las obras correspondientes que se debían acometer, dependen de este organismo”, ha declarado Ibor, subrayando que muchas de las competencias clave en la prevención y gestión de avenidas están en manos del Ejecutivo central.
Respecto al desarrollo del procedimiento judicial, el abogado ha llamado a la prudencia y ha advertido de la complejidad de la causa. “Las instituciones penales, con una simple declaración, pueden cambiar de sentido y en esta instrucción existen muchos frentes abiertos. Es decir, en una macro causa así, hay un recorrido muy grande”, ha señalado. También ha puesto en valor el trabajo de la jueza instructora, reconociendo que está “en la lupa de todo el mundo”, pero confiando en que “garantizará en todo momento el derecho existente”.
Ibor ha concluido sus declaraciones apelando a la responsabilidad institucional. “Los gobiernos responsables deben estar centrados en paliar el daño de las familias y que sean indemnizados como toca, apostar por una coordinación para la reconstrucción, y por último, adoptar las reformas que sean necesarias para evitar que esto vuelva a ocurrir”, ha afirmado, instando a que el foco político y judicial no desvíe la atención de las verdaderas necesidades de los afectados.
