Nuevas derivaciones surgen en el caso que investiga la devastadora riada del 29 de octubre de 2024, provocada por la dana en la Comunidad Valenciana. Varias acusaciones particulares de los afectados han anunciado su intención de solicitar formalmente a la jueza Nuria Ruiz Tobarra la imputación de la delegada del Gobierno en la región, Pilar Bernabé.
Esta petición se produce después de que Bernabé, en su declaración como testigo ante la magistrada, confesara que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no proporcionó información relevante sobre la situación del barranco del Poyo durante el episodio de lluvias torrenciales. Precisamente, el desbordamiento de este barranco fue señalado como uno de los factores clave que desencadenaron la trágica inundación que causó numerosas víctimas y graves daños materiales.
Según la información publicada por varios medios, al menos dos acusaciones ya se han sumado a la iniciativa de solicitar la imputación por escrito de la delegada del Gobierno. Esta acción se fundamenta en las declaraciones de Bernabé, quienes, en respuesta a las preguntas del fiscal, confirmaron la versión mantenida por la Generalitat Valenciana. Bernabé declaró que la información recibida por parte del presidente de la CHJ, Miguel Polo, se centró exclusivamente en el riesgo de la presa de Forata, sin mención alguna al peligro que representaba el barranco del Poyo.
La delegada del Gobierno también relató ante la jueza que fue la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, quien la alertó de la extrema gravedad de la situación, informando de personas que se estaban ahogando en la localidad. Ante esta llamada de auxilio, Bernabé solicitó al Centro de Coordinación de Emergencias que la alerta se extendiera a toda la provincia, y no solo a las zonas potencialmente afectadas por la presa de Forata.
Hasta el momento, los únicos investigados en el caso de la dana eran Salomé Pradas, exconsellera del Gobierno de Carlos Mazón, y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso. Sin embargo, la reciente declaración de Pilar Bernabé ha reabierto el debate sobre las posibles responsabilidades en la gestión de la emergencia. Cabe destacar que el fiscal ha solicitado la retirada de la imputación de Argüeso en un escrito presentado ante la Audiencia Provincial de Valencia.
Las manifestaciones de la delegada del Gobierno han reforzado la postura de la Generalitat Valenciana, que ha insistido en que la reunión del CECOPI se convocó ante el riesgo de rotura de la presa de Forata, y que no se recibió información sobre el peligro inminente del barranco del Poyo, que finalmente resultó ser determinante en la magnitud de la catástrofe.
Ahora, la jueza Ruiz Tobarra deberá valorar las peticiones de imputación que presenten formalmente las acusaciones particulares, abriendo un nuevo capítulo en la investigación de este trágico suceso que conmocionó a la Comunidad Valenciana.
La cita de Mompó
La declaración como testigo del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, prevista para este lunes en el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana, ha sido suspendida sine die. Según EFE, Mompó se había presentado en la Ciudad de la Justicia con más de una hora de antelación a su citación, fijada para las 12:15 horas. Sin embargo, la extensa declaración de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que se prolongó durante casi siete horas, imposibilitó que el presidente de la Diputación pudiera comparecer a continuación.
Fuentes judiciales confirman que varias de las partes personadas en la causa habían solicitado la suspensión de la declaración de Mompó ya al mediodía. Finalmente, la jueza a cargo de la instrucción acordó la suspensión alrededor de las 16:40 horas, una vez concluida la larga comparecencia de Bernabé. La decisión se tomó considerando que las partes apenas habían disfrutado de un breve receso durante toda la mañana y aún no habían podido almorzar.
