El abogado y CEO de Domina Legal, Carlos Primo, ha denunciado públicamente la situación crítica que atraviesan los contratistas de servicios públicos debido a la inacción de la administración autonómica en la revisión de precios y condiciones contractuales a causa de la infra financiación autonómica, en un contexto marcado por la inflación, el aumento de los costes operativos.
Primo ha afirmado que desde la abogacía de la Generalitat “hay una indicación clara de no restablecer absolutamente nada, lo que conlleva un colapso brutal”. Según explica, cuando finaliza un contrato, los prestadores de servicios se ven obligados a continuar con la actividad en condiciones deficitarias. “Al irte te pueden imponer una multa que te inhabilite, pero además no puedes licitar por la cantidad real porque no hay partida presupuestaria”, ha lamentado.
El CEO de Domina Legal ha puesto el foco en los mecanismos legales que permiten actualizar los precios de los contratos en función del aumento de las materias primas y la inflación. “Los contratos de servicios de las administraciones públicas tienen un importe inicial, pero ya hay mecanismos para revisar esas cantidades. Sin embargo, la administración ya ha señalado que eso debe tramitarse a través de la abogacía, lo que ralentiza y bloquea el proceso”, ha declarado.
Primo ha denunciado que esta situación aboca a muchos operadores a trabajar a pérdidas: “Si una prestación cuesta una cantidad y solicitas una revisión por el aumento de precios y te dicen que no, no puedes abandonar el contrato. Esto implica trabajar en negativo”. Además, ha advertido que “si no se revisan precios y los mecanismos que establece la Ley de Contratos del Sector Público no se aplican, muchos contratistas se quedarán sin capacidad para ejecutar, y pueden acabar ahogados económicamente durante años”.
Respecto a la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana, Primo ha sido contundente: “No es una cuestión de pedir más, sino de que se nos dé lo que nos corresponde”. Ha advertido de que esta situación estructural, que lleva años arrastrándose, se encuentra ahora en un punto crítico que podría agravarse en los próximos meses. “Solo se están poniendo parches”, ha dicho.
Para paliar las tensiones de tesorería, Primo considera imprescindible que la Generalitat recurra a fondos extraordinarios. “Si no se pagan los contratos con sus aumentos, y se opta por judicializar la situación, los costes se incrementan con efectos retroactivos”, ha concluido, alertando del riesgo de cronificar el problema y dañar seriamente el tejido empresarial vinculado a la contratación pública.
