Los cuatro restaurantes de La Marina permanecerán abiertos tras reconocer el Ayuntamiento de Valencia que sus contratos de arrendamiento deben abordarse por la vía de lo civil y, no puede ordenarse cese de actividad alguna, según ha afirmado el presidente de la asociación, Ángel Brández.
“El Ayuntamiento de Valencia ha reconocido un error en la tramitación del expediente de desalojo y cese de Vlue Arribar y ha remitido a la jurisdicción civil las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento, según figura en la resolución del recurso incluido en el orden del día de la Junta de Gobierno Local del pasado 9 de Mayo, ha afirmado el abogado de la asociación quien agregó que “las cuestiones del contrato vigente mientras no acuerde su extinción y lanzamiento el orden civil no pueden quedar a su caprichoso arbitrio. Esto implica que la declaración de cese de actividad y recuperación del inmueble, fijado para el 31 de mayo, a nuestro parecer queda sin efecto y debe acudirse a los tribunales de instancia civiles, para que sean ellos declaren si esta es admisible mediante sentencia”.
En un comunicado consultado por Interdiario, el letrado ha explicado que “pese a lo incuestionable de este argumento el ayuntamiento, insiste en otro acuerdo unilateral, donde se reitera el cierre ilícito y recuperación a través de la fuerza pública y sin posibilidad de alegaciones, en un claro ejercicio de indefensión, que supera la línea de la ilegalidad”, ha explicado el letrado.
El presidente de la asociación, Brández, ha afirmado que “desde la asociación no cuestionamos que el local revierta a la Autoridad Portuaria (APV). No entendemos que el ayuntamiento prefiera cerrar los locales hasta que la APV los adjudique de nuevo, en un plazo no inferior a seis meses, destruyendo trabajo y negocio, y renuncie a las rentas de los alquileres, sumando más de 150.000 euros. Con este dinero el consistorio podría adjudicar contratos menores para desarrollar proyectos de ciudad”.
La Asociación Marina Premium afirma que “el cierre dejara los locales expuestos al vandalismo todo el verano, obligando al consistorio a destacar vigilancia policial 24 horas, a fin de que no sean okupados o se produzcan accidentes, agresiones sexuales, entre otras cuestiones”.
El presidente del colectivo Brández ha recordado que el ayuntamiento nos acusa de promover el botellon, la inseguridad y el turismo low coast, cuando nuestra oferta gastronómica supera la media local, con arroces de la mano de Mamadou, cocinero senegalés llegado en patera y ahora es el quinto del Ranking del concurso de Paellas de Sueca, o ganadores por dos ocasiones del concurso de Steak Tartar, y de un excelente servicio de camareros, ejemplo de integración multicultural y con personas en vulnerabilidad, que ahora se pretende pasen al desempleo. Como también sucede con otros trabajadores de los otros restaurantes”.
