La presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, ha lanzado una dura crítica a la gestión de las ayudas prometidas tras los efectos de la DANA que azotó la provincia, señalando incumplimientos, retrasos y falta de transparencia, especialmente en sectores como el comercio, la industria y los autónomos.
“Aunque había compromisos de que al final del mes de abril todas las ayudas del consorcio estarían pagadas, debemos aclarar que gran parte corresponde a vehículos o viviendas, aun habiendo habido regateos sucios. Pero hay parte del comercio que sigue sin saber lo que va a recibir y la industria está muy por debajo de lo esperado”, ha afirmado Blasco.
La situación, según la líder empresarial, es especialmente grave en el comercio local, donde “un 25% aún no ha abierto y no sabemos si lo hará”. A esto se suma la preocupación por la falta de prórroga en el cese de actividad para los autónomos afectados. “Desde CEV y ATA hemos reivindicado constantemente esta cuestión, con compromisos por escrito y de palabra del ministerio, y a día de hoy no se ha cumplido”, ha denunciado.
Blasco ha puesto el foco también en la fragilidad de muchas empresas que aún arrastran los efectos económicos de la pandemia: “Hay parte de esas empresas que tienen ICOs de la COVID vivos aún, donde muchas han perdido el 2020, el 2021, y en 2022 abrían o cerraban con una dinámica renqueante. Es decir, se han olvidado de que la primera cuenta de resultados real fue en 2023 y, tan solo unos meses después, vuelve un azote tremendo”.
La presidenta de CEV Valencia ha advertido además sobre un riesgo creciente de deslocalización de empresas ante la falta de incentivos y medidas concretas de apoyo desde la administración. “Nos preocupa una posible deslocalización a otros territorios porque no se están tomando las medidas necesarias por parte de la Confederación y ello va a perjudicar la economía de muchos municipios y de nuestra provincia a medio plazo”, ha señalado.
Blasco ha hecho un llamamiento a las instituciones para “premiar a aquellas empresas que mantengan su localización” y ha exigido evitar “beneficios fiscales sucios entre zonas” que puedan fomentar una competencia desleal entre territorios.
