Tanto los inversores nacionales como internacionales no dan crédito a que en un país como España, perteneciente a la Unión Europea, donde los mercados se rigen bajos estrictas normas de seguridad jurídica y libertad empresarial, haya convocado una ‘consulta popular’ sobre una operación, la opa del BBVA al Sabadell, que una vez superados los trámites de la CNMC y la CNMV, solo debería estar en manos de sus accionistas. Así el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que sienta un mal precedente con esta iniciativa en sus aspiraciones a presidir el Ecofin, intenta salir airoso de esa insólita y disparatada medida de Sánchez y ha subrayado este viernes que la consulta pública abierta hasta medianoche por el Gobierno sobre la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA al Sabadell «no es un referéndum» sobre la operación, en el que haya que votar sí o no a la misma, aunque el Ejecutivo de PSOE-Sumar basará su decisión en lo que ahí se exponga.
Según publica Intereconomía, lo que se quiere extraer de esta consulta, ha explicado Cuerpo en declaraciones a RTVE, es información «cualitativa, relevante» sobre las razones o motivos de interés general que puedan tener las personas afectadas o involucradas en el proceso, para que el Gobierno pueda tomar una decisión.
En los próximos días se analizará toda la información disponible y Cuerpo tendrá que aclarar antes del 27 de mayo si eleva o no al Consejo de Ministros esta operación que, llegado el caso, podría imponer nuevas condiciones «con todas las garantías posibles».
El titular de Economía ha insistido en que el Gobierno puede sumar condiciones a las ya establecidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) siempre que sean «de interés general», es decir, fuera del ámbito de la competencia.
A modo de ejemplo, Cuerpo ha recordado que, desde un principio, cuando el Gobierno mostraba su preocupación con respecto a esta operación en la que el BBVA podría acabar tomando el control del Sabadell lo hacía por el impacto de «una posible excesiva concentración» que afectaría a las condiciones de los clientes, tanto en créditos para empresas como en la remuneración de los depósitos para los hogares.
Pero también había elementos de preocupación del Ejecutivo asociados a la inclusión financiera como las oficinas, el mantenimiento del empleo o la cohesión territorial, ya que el Sabadell es una entidad que está «especialmente concentrada en algunas comunidades autónomas», en clara alusión a Cataluña y la Comunitat Valenciana.
