Siete meses después de la devastadora dana del 29 de octubre, el Gobierno valenciano ha estallado contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), acusándola de «mentir» y «silenciar» información crucial sobre los niveles de los barrancos durante la catástrofe. La grave acusación surge tras la sorprendente revelación de que la CHJ, organismo dependiente del Ministerio, disponía de un medidor «fantasma» en el barranco del Poyo, a su paso por el polígono de Massanassa, cuyas «reveladoras cifras» del caudal en las horas clave de la riada no fueron hechas públicas.
La existencia de este segundo medidor, hasta ahora desconocido, salió a la luz durante la comparecencia de una de las técnicas de la CHJ, Carmen González, ante la comisión de investigación del Senado. Este sensor, ubicado en Massanassa, tampoco enviaba los datos del caudal al SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica), la fuente principal de información para el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada). «La información de la Generalitat, en ningún caso, fue de este medidor», detalló Susana Camarero, vicepresidenta de la Generalitat, quien recordó que la alerta hidrológica se mantuvo «pese a las reducciones de caudal que trasladaba la CHJ».
La vicepresidenta del Consell no ha dudado en calificar la situación de extrema gravedad. «Es grave, no solo que no se informara de que había crecido el caudal en ese punto, sino que la CHJ no haya contado en siete meses que existía ese medidor, que no trasladaba los datos al SAIH», censuró Camarero. Sin embargo, «lo más grave», según el Gobierno valenciano, es que «se ha mentido durante siete meses: se ha silenciado la existencia del medidor del polígono hasta que González, la técnica, compareció en la comisión de investigación. Hasta entonces, no se comunicó».
Este descubrimiento se suma a una serie de contradicciones y presuntas «mentiras» que, según el Consell, la CHJ y el Gobierno central han mantenido durante este periodo. Camarero rememoró este martes, durante la rueda de prensa tras el Pleno del Consell, cómo, en un primer momento, se afirmó que los barrancos no eran competencia de la CHJ, algo que la ley desmiente. Asimismo, citó la «curiosa contradicción» de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien reiteradamente defendió que la CHJ había emitido toda la información, para luego confesar ante la jueza que este organismo no la informó, a pesar de depender jerárquicamente de ella. La vicepresidenta también señaló un incumplimiento del propio protocolo de la CHJ, que establece informar al superarse los 650 m³/s de caudal, algo que, según sus palabras, no se hizo hasta que el caudal «ya duplicaba ese nivel».
«Ahora nos enteramos de que había un medidor fantasma. Vemos que se miente, se silencia y se manipula la información, y eso es preocupante», sentenció Camarero, dejando claro el profundo malestar del Gobierno valenciano ante lo que considera una ocultación sistemática de datos clave para entender lo ocurrido el 29 de octubre. La revelación de este «medidor fantasma» añade una nueva capa de complejidad y polémica a la investigación sobre la gestión de la dana y la responsabilidad de las distintas administraciones implicadas.
