Para evitar el transfuguismo en política, un concejal de un municipio de 10.000 habitantes del área metropolitana de Valencia debe hacer dos cosas: entregar el acta de concejal o pagar tal cantidad de dinero que, a todas luces, sería su ruina económica. Y lo curioso del caso es que fue él mismo el que puso una norma en los estatutos de la formación consultados por Interdiario, para evitar esta situación. Es más, anteriormente, amenazó a la que ahora es la alcaldesa de la localidad de tener que pagar una cantidad de dinero que equivale a 30 veces el SMI anual o entregar el acta. Ella hizo lo segundo para evitar pagar. Y para mayor disparate, el concejal, que ya es militante del PP desde marzo, ha estado durante semanas siendo afiliado de dos partidos a la vez. No se dio de baja del anterior mientras ya lo era de la formación conservadora. Y con este acumula su cuarto partido como militante.
Este martes salió todo a la luz tras el pleno ordinario municipal del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber. Una pregunta de un ciudadano en el turno de ruegos y preguntas demostró la contradicción de Enrique Santanfosta, actual concejal de la oposición.
Santafosta fue cabeza de lista de la candidatura de la Agrupación independiente de San Antonio de Benagéber (AISAB) hace dos años. Antes fue alcalde del municipio desde 2015 a 2023. Lo fue por la formación de AISAB, el tercer partido político por el que se presentaba después de haberlo hecho las veces anteriores por dos formaciones regionalistas. Es más, Santafosta se ha convertido en militante del PP después de haber denunciado a su antecesor en el cargo. Eugenio Cañizares, un histórico en la localidad.
Lo paradójico del caso es que hace pocas fechas abandonó la formación que él mismo creó, y que abanderaba como “apolítica”, y se presentó en público como coordinador del Partido Popular de SAB. Todo el mundo esperaba su dimisión pero no. Es más ya presenta al próximo pleno una moción bajo las siglas del PP.
Se da la circunstancia de que, según los estatutos del partido que él creó (AISAB), si se abandona el partido y no dejas el cargo electo, renunciar al acta de concejal, debes pagar una cantía de, al menos, 30 veces el SMI anual, lo que supone 497.280 euros ya que el SMI en 2025 es de 16.576 euros anuales. Es un argumento disuasorio para evitar el transfuguismo.
Por otra parte, en la primera legislatura de 2015 tuvo un caso entre sus filas de una concejala que abandonó la formación quejándose de malo trato por parte de su jefe de filas. Esta concejal no mantuvo el acta al ser conminada a abonar la cuantía que reflejaban los estatutos de AISAB. Es la actual acaldesa, Eva Tejedor Marí.
Ahora, siendo él el afectado, la oposición y buena parte de los vecinos se preguntan si va a dimitir por la formación por la que fue elegido o si hará frente a la cuantía que él mismo exige a los demás miembros de su partido.
El PP de SAB tiene una situación muy complicada, de tres concejales electos, dos están en el gobierno y un tercero dice ser el legítimo Partido Popular. La relación entre ellos es conflictiva y median denuncias sobre la titularidad de la representación. Ahora surge un tercero en discordia. Enrique Santafosta, que está dándose a conocer como fututo candidato a la alcaldía por el PP, pero que utiliza la concejalía que obtuvo por otro partido AISAB para trabajar para el PP. “Eso se denomina transfuguismo. Y si no paga, será un moroso”, según fuentes de la oposición consultadas por Interdiario.
No es la primera vez que Santafosta salta a la palestra informativa por polémicas con el dinero. En octubre de 2020, el digital Sueldos Públicos informó de que se había concedido un anticipo de nómina de 15.000 euros en plena pandemia. Utilizaba el Ayuntamiento como un cajero automático. Además, en marzo de 2018, el entonces alcalde Santafosta cobró 450 euros de dietas de asistencia por una reunión de cuatro minutos cuya finalidad fue anular una denuncia de tráfico a un vecino.
*De hecho, según publica el Levante- EMV, el propio Santafosta modificó los estatutos del partido para no hacer frente al pago, puesto que el partido nunca tuvo la intención de aplicar la norma que obligaba al pago de una «multa» por decisión propia de salir del partido.
