El presidente de la Confederación del Taxi de la Comunidad Valenciana, Fernando del Molino, ha lanzado una dura crítica a la administración por la falta de respuesta a las necesidades del sector, tanto a nivel autonómico como nacional. En declaraciones recientes, ha reivindicado el papel esencial del taxi como servicio público y ha denunciado la pérdida de poder adquisitivo y las trabas burocráticas que están asfixiando a miles de profesionales.
“El taxi es parte de los ciudadanos porque somos trabajadores y funcionarios al mismo tiempo, con una vocación tremenda por ayudar a todos. Somos un sector que siempre está ahí”, ha afirmado Del Molino, defendiendo el valor social del servicio que prestan los taxistas a diario.
El dirigente ha pedido un cambio de rumbo en la gestión del sector por parte del Consell. “Me gustaría que el área de Infraestructuras coja las riendas del sector, de la mano de los profesionales, y que no haga caso a los técnicos que han conllevado esta fricción entre el sector y la administración. No podemos estar todos los días protestando, pero se lo merecen”, ha afirmado en referencia al malestar acumulado por años de desencuentros.
Del Molino ha denunciado que la interlocución con la administración está completamente deteriorada. “Hemos perdido la capacidad de transmitir o ellos han perdido la capacidad de escuchar, porque llevamos muchos años haciendo alegaciones y siempre te encuentras con la misma muralla”, ha señalado, reclamando mayor diálogo y atención a las propuestas del sector.
En el plano económico, ha alertado de la situación límite de muchos profesionales. “No podemos tener unas tarifas que nos empobrecen, porque no han subido al mismo ritmo que la cesta de la compra ni que los costes. Llevamos más de 10 años perdiendo poder adquisitivo”, ha asegurado.
También ha recordado el impacto de la DANA sobre el sector: “Hay decenas de taxistas que perdieron el taxi el día del temporal, y siete meses después siguen sin poder trabajar por la problemática con las licencias, la ITV o el plazo para obtener la tarjeta de transportes”.
A nivel estatal, Del Molino ha criticado con contundencia el nuevo decreto del Ministerio de Transportes, que permitiría la liberalización masiva de autorizaciones de transporte. “Hay otra nueva salida de autorizaciones descontroladas, cerca de 100.000 licencias a nivel nacional que podrán operar servicios urbanos donde quieran, mientras que los taxistas tenemos que sacarnos una licencia municipal para poder trabajar”, ha denunciado.
Según ha advertido, este modelo amenaza especialmente al taxi rural. “Si salen estas licencias, muchos servicios en zonas rurales y pequeños municipios van a terminar desapareciendo, con lo que eso supone para la población”, ha alertado.
Por último, ha cuestionado la legalidad del nuevo decreto. “El Constitucional ya dijo en el año 96 que el Gobierno no tiene competencias para regular el transporte urbano, y ahora el ministerio ha sacado este decreto totalmente inconstitucional”, ha concluido.
