La administración de Donald Trump ha obtenido una primera victoria judicial en su pulso contra la sentencia del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos que declaraba ilegales gran parte de sus aranceles. El Tribunal de Apelaciones de Washington ha decidido suspender cautelarmente la aplicación de dicha sentencia, un alivio significativo para el presidente a la espera de un análisis más profundo del caso. Esta medida evita, por ahora, que Trump tenga que recurrir al Tribunal Supremo para solicitar la suspensión.
La sentencia original, dictada el miércoles por el Tribunal de Comercio Internacional, había calado hondo al entrar en el fondo del asunto y considerar inconstitucionales y contrarios a la ley los aranceles generalizados impuestos por Trump. Sin embargo, la resolución del Tribunal de Apelaciones, de menor calado pero de efecto inmediato, no revoca la sentencia de fondo, sino que la deja en suspenso mientras se examina el caso.
La orden del tribunal de apelaciones, de cuatro páginas, establece: «Se concede la solicitud de suspensión administrativa inmediata en la medida en que las sentencias y las medidas cautelares definitivas dictadas por el Tribunal de Comercio Internacional en estos casos quedan suspendidas temporalmente hasta nuevo aviso, mientras este tribunal examina los escritos de las mociones». También ha instado a las partes a informar sobre cualquier medida adicional del Tribunal de Comercio Internacional y ha fijado plazos para la presentación de respuestas y réplicas a principios de junio de 2025.
Los jueces de apelación decidirán si mantienen la suspensión de la sentencia mientras revisan el fondo del asunto o si los aranceles quedan anulados entretanto. En este último escenario, la administración Trump, que aún no ha presentado su recurso principal pero ha anticipado su intención, podría retomar el plan de acudir al Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, para solicitar la suspensión cautelar.
Reacción de la Casa Blanca
Aunque Trump ha guardado silencio por el momento, miembros de su equipo no han tardado en criticar la decisión del Tribunal de Comercio Internacional. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, arremetió en rueda de prensa contra lo que considera una «tendencia preocupante y peligrosa de jueces no elegidos que se inmiscuyen en el proceso de toma de decisiones presidenciales», calificando la sentencia inicial como un ejemplo de «extralimitación judicial».
«Estados Unidos no puede funcionar si el presidente Trump, o cualquier otro presidente, ve cómo sus delicadas negociaciones diplomáticas o comerciales se ven obstaculizadas por jueces activistas», añadió Leavitt, quien subrayó que, en última instancia, el Tribunal Supremo debería «poner fin a esto por el bien de nuestra Constitución». Por ahora, sin embargo, la suspensión cautelar del Tribunal de Apelaciones evita que el Gobierno tenga que escalar inmediatamente al Supremo.
La sentencia original del Tribunal de Comercio Internacional declaraba ilegales los aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México, así como los del 20% a China, impuestos bajo el pretexto del fentanilo y la inmigración. También afectaba a los «aranceles recíprocos» a nivel mundial, anunciados como el «Día de la Liberación» y que luego se habían reducido al 10% tras una tregua parcial de 90 días por la presión de los mercados.
El Gobierno de Trump había argumentado que la aplicación de la sentencia «podría desmoronar de inmediato los acuerdos exitosos que el presidente ha alcanzado con múltiples países». En su escrito de apelación, la administración reiteró que los tribunales no están autorizados a cuestionar la decisión del presidente de invocar la ley de emergencia para imponer los aranceles, haciendo referencia a un precedente en el que se permitió al expresidente Richard Nixon imponer aranceles de emergencia bajo una ley similar. Sin embargo, la sentencia inicial había analizado detalladamente este antecedente y consideró que en realidad avalaba su fallo.
