La Generalitat Valenciana ha tardado poco en calificar de «acorralado» al Gobierno de España. No es para menos. No todos los días desayunamos con el registro del domicilio de un exministro y actual diputado. La sombra del presunto cobro de comisiones en contratos de material sanitario y obra pública durante la pandemia ha llevado este martes a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a registrar el domicilio del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en Valencia. La diligencia, ordenada por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en el marco de una pieza separada secreta, supone un nuevo avance en la investigación que afecta al actual diputado del Grupo Mixto.
Los efectivos de la Benemérita se personaron a primera hora de la mañana en la vivienda de Ábalos con el objetivo de recabar documentación relacionada con contratos de obra civil. Durante el registro, se le requisó al exministro su teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos para su volcado, como parte de las diligencias. Fuentes jurídicas confirman que la operación se ha extendido también a varias empresas, por orden del mismo magistrado instructor.
La investigación se centra en el presunto cobro de comisiones, tanto en efectivo como en especie. Un informe que la UCO presentó el pasado marzo, al que tuvo acceso Europa Press, ya situaba al exministro como propietario del 100% de la vivienda registrada, adquirida en 1987. Además, los investigadores han detectado una vinculación de Ábalos y su entorno familiar con Fiadelso, la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social, una sociedad ya extinguida pero que sigue siendo de interés para la UCO. Se ha constatado que una de las exmujeres de Ábalos formó parte del patronato de Fiadelso y que, en 2003, el exministro, junto a otros, compró un local en Valencia que fue sede de la fundación, sobre el cual pesaba una hipoteca y de la que Ábalos era propietario de un tercio.
La orden de registro se produce a raíz de la documentación aportada a la causa por Víctor de Aldama, considerado el presunto conseguidor de la trama. Entre esta documentación, se incluye un listado de 75 páginas de supuestos contratos preadjudicados a constructoras, procedentes de anexos de inversiones del Ministerio de Transportes de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, centrados principalmente en la Dirección General de Carreteras. Según De Aldama, los proyectos subrayados en color rosa en dicho listado corresponderían a obras menores ya asignadas a empresas previamente seleccionadas.
Este registro en Valencia es la primera vez que el Tribunal Supremo ordena una intervención en un inmueble de Ábalos desde que abrió causa contra él hace siete meses. El alto tribunal asumió la investigación tras la petición del juez de la Audiencia Nacional que dirige el ‘caso Koldo’, nombrado así por Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos. El exministro ha declarado en dos ocasiones ante el magistrado para negar cualquier cobro de comisiones y ha solicitado sin éxito que la UCO sea apartada de las pesquisas, alegando «filtraciones» y una investigación «prospectiva».
«Acorralado por la corrupción»
La reacción desde el ámbito político valenciano no se ha hecho esperar. La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha manifestado que el Gobierno de España se encuentra «acorralado por la corrupción» tras la noticia del registro del domicilio de Ábalos.
«No hemos oído a ningún otro ministro ni al presidente del Gobierno hacer ninguna valoración respecto a una persona que ha sido el todo, la mano derecha de Pedro Sánchez, tanto en el partido como en el Gobierno, como gran ministro del señor Sánchez. Por lo tanto, les corresponde a ellos valorar la posible actuación delictiva de Ábalos», ha declarado Camarero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell.
Para la portavoz del Consell, este «tema delicado» evidencia una «presunta corrupción en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez» que, a su juicio, «no va sola, va acompañada de todo lo que estamos conociendo». La vicepresidenta ha enumerado una serie de investigaciones que, según ella, cercan al presidente, mencionando a «un hermano imputado, con una mujer investigada, con el fiscal general que desde el día de ayer vemos que fue también imputado, y ahora también, desde hace meses, con esa investigación al señor Ábalos».
Imagen: Ábalos, durante su etapa como ministro en 2021, en el Senado.
