El Gobierno ha profundizado en las causas del apagón generalizado que dejó sin luz a toda la península Ibérica el pasado 28 de abril, señalando directamente a Red Eléctrica de España (REE) y a las compañías generadoras de energía como las principales responsables. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, detalló este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el incidente se originó por un problema de sobretensión en la red que no fue amortiguado correctamente, lo que culminó en el colapso de todo el sistema. Aagesen sugirió que el apagón pudo ser «una combinación» de ambas deficiencias.
El informe presentado por la ministra ante el Consejo de Ministros revela una compleja cadena de eventos. Por un lado, se apunta a un posible error de planificación por parte de REE (operador del sistema eléctrico, con un 20% de capital público). REE había programado la disponibilidad de diez centrales convencionales para contrarrestar episodios de sobretensión, pero una de ellas comunicó su inoperatividad la noche anterior al incidente. A pesar de esto, REE decidió no activar ninguna central adicional, calculando erróneamente que no sería necesario. Por otro lado, el informe destaca un funcionamiento «aparentemente anómalo» de las nueve centrales restantes. Según Aagesen, «todas y cada una de ellas» tuvieron «algún grado de incumplimiento» al no absorber la tensión como se esperaba en el momento crítico. Esto se manifestó en desconexiones, algunas de ellas «aparentemente indebidas», que aumentaron aún más la tensión, afectando a zonas como Granada, Badajoz, Segovia, Huelva y Cáceres.
El problema de sobretensión no era nuevo ese día. Desde la mañana del 28 de abril, la falta de generación síncrona ya había provocado oscilaciones y sobretensiones en la red. REE intentó paliar estas fluctuaciones activando una nueva planta (un ciclo combinado de gas) minutos antes del apagón, pero esta no pudo estar operativa a tiempo. Las medidas adoptadas para controlar las oscilaciones de frecuencia, paradójicamente, contribuyeron a incrementar aún más la tensión del sistema. En su declaración, Aagesen quiso dejar claro que el problema no fue la falta de capacidad de generación, sino una gestión deficiente de la tensión; «Había parque de generación suficiente para responder», afirmó, disipando temores sobre la escasez de energía.
A pesar de la contundencia del informe, el Gobierno ha negado que sea «un juicio» y, por el momento, ha descartado pedir dimisiones, como la de la presidenta de REE, Beatriz Corredor. El Ministerio para la Transición Ecológica también ha declinado proporcionar datos concretos sobre qué plantas fallaron y a qué compañías pertenecían, alegando que las empresas han solicitado que esta información no se haga pública y que la ley les ampara. Sin embargo, al señalar que hubo centrales que no absorbieron potencia reactiva como debían, el ministerio apunta indirectamente a las grandes eléctricas del país (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP), que concentran la mayor parte del parque de generación tradicional. Ahora, el Gobierno deja en manos de la vía judicial o de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) la determinación de responsabilidades específicas y posibles indemnizaciones. En respuesta a este insólito suceso, el Ejecutivo ya está preparando un paquete de medidas que se sustanciarán en un real decreto con el objetivo de reforzar el sistema eléctrico y evitar futuros apagones de esta magnitud.
