El Consejo de ministros autoriza la operación de concentración entre BBVA y Sabadell con la condición de que durante los próximos tres años ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados así como autonomía e la gestión de su actividad “en su día a día, en la plantilla y en la red de oficinas”.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado que la decisión ha sido tomada persiguiendo la protección de cinco criterios de interés general: garantizar el apoyo a la financiación empresarial de PYMEs, la protección de las plantillas de ambas entidades, criterios de cohesión territorial, el mantenimiento de la obra social de las fundaciones de ambas entidades así como sus políticas de vivienda asequible.
El Gobierno ha establecido que, durante un periodo mínimo de tres años, tanto BBVA como Sabadell deberán mantener personalidad jurídica propia, patrimonios separados y autonomía en la gestión de su actividad diaria, lo que incluye a la plantilla y a su red de oficinas. En la práctica, esto supone que la integración no podrá suponer, en el corto plazo, unificar estructuras operativas ni realizar movimientos que afecten al empleo o al cierre masivo de sucursales.
Este tipo de condiciones responde al temor de que una fusión de este calibre provoque un efecto dominó en la reducción de servicios financieros en zonas rurales, un tema especialmente sensible tras los cierres de oficinas en los últimos años. Por ello, el Ejecutivo ha subrayado la importancia de garantizar la cohesión territorial, es decir, la permanencia de servicios bancarios en todas las regiones, incluidas aquellas con menor densidad de población.
La fusión proyectada dará lugar a un gigante bancario con más de 1.000.000 millones de euros en activos y una presencia destacada tanto en el mercado nacional como internacional, especialmente en América Latina, donde BBVA concentra buena parte de su actividad.
Desde el punto de vista del mercado, la operación sigue sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia europeas y del Banco Central Europeo, que deberán velar porque no se vulneren las reglas sobre competencia y que la concentración no cree un riesgo sistémico.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) podría imponer también requisitos adicionales en los próximos meses, una vez analice el posible impacto en los clientes minoristas, en la oferta de crédito o en la competencia territorial en determinadas zonas.
