El Consejo de Ministros ha dado un paso decisivo hacia un modelo económico más verde y justo con la aprobación este martes, en primera vuelta, del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible. Esta nueva normativa busca fortalecer la protección de los consumidores y del medio ambiente, promoviendo decisiones de compra conscientes, fomentando la reparación de bienes y garantizando información transparente sobre el impacto ambiental de productos y servicios.
La ley, que prohíbe la publicidad de combustibles fósiles, vuelos cortos con alternativas sostenibles y vehículos exclusivamente propulsados por fósiles, marca un antes y un después en la regulación publicitaria y de consumo en España. La restricción a los anuncios de productos energéticos de origen fósil (excepto gas) por parte de empresas del sector del carbón y el petróleo pretende reducir la presencia de energías contaminantes y las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, se prohibirá la publicidad de vuelos peninsulares cortos si existe una alternativa de transporte más limpia que no alargue el trayecto en más de dos horas y media.
Prácticas engañosas
El anteproyecto introduce importantes novedades para proteger al consumidor de prácticas comerciales desleales. Se regulará la ‘publicidad del miedo’, obligando a las empresas a acompañar sus mensajes alarmistas con datos cuantitativos o estadísticos que permitan una valoración real del riesgo, buscando un entorno publicitario más objetivo y responsable.
Un pilar fundamental de la ley es la lucha contra el ‘greenwashing’ o ‘ecopostureo’. Se prohibirán las afirmaciones genéricas y no comprobables sobre la sostenibilidad de productos («respetuoso con el medio ambiente», «amigo del medio ambiente», «verde», «biodegradable»), exigiendo respaldo científico. Además, se prohíbe el registro de denominaciones sociales y la posibilidad de anular marcas inscritas que puedan inducir a error sobre su desempeño medioambiental. ¿Cómo recicla Consum las cápsulas de café?
En la misma línea, la normativa combate la obsolescencia programada. Para incentivar la reparación, se aumentará en doce meses la garantía legal de un producto si el consumidor opta por repararlo en lugar de sustituirlo. Adicionalmente, el productor o importador deberá asumir un porcentaje del coste de reparación tras el fin de la garantía legal: un 20% durante los dos primeros años, un 10% en el tercer año y un 5% en el cuarto. Para facilitar este proceso, se creará una plataforma online que conectará a los consumidores con reparadores solventes y transparentes. La ley también prohíbe ocultar información sobre actualizaciones de software que afecten negativamente al funcionamiento de dispositivos digitales o presentar como necesarias actualizaciones que solo mejoren funcionalidad.
Reventa de entradas
El anteproyecto también aborda prácticas que afectan directamente el bolsillo del consumidor. Se prohíbe la reventa de entradas con un aumento de precio superior al IPC desde la compra inicial, complementando la prohibición ya existente del uso de bots para acaparar entradas. Esta medida busca eliminar el lucro abusivo en la reventa de eventos.
Finalmente, la futura ley regulará la ‘reduflación’, la práctica de reducir la cantidad de producto en un envase sin avisar previamente y sin bajar el precio por unidad. Las empresas estarán obligadas a notificar de forma clara y comprensible cualquier reducción de contenido o unidades sin una rebaja proporcional del precio, asegurando así la transparencia en las relaciones de consumo y evitando engaños al consumidor. Las compañías dispondrán de 90 días desde la primera comercialización para indicar estas nuevas características de manera legible y visible.
Con este ambicioso anteproyecto, que ahora entra en fase de audiencia e información pública para recoger aportaciones antes de su debate final y envío al Congreso, el Gobierno refuerza su compromiso con una transición ecológica justa, la protección de los derechos de los consumidores y la promoción de un modelo económico más responsable y sostenible.
