Las negociaciones entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña entran en su fase decisiva para alcanzar un acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación singular, un pacto que, pese a estar encauzado en su marco general, aún afronta importantes desafíos en los detalles de su implementación. Si bien ambas partes, y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) –partido clave en las conversaciones–, coinciden en que la estructura principal está definida, las últimas horas han revelado que la concreción de los aspectos más técnicos y operativos requiere un considerable trabajo antes de que la reforma pueda iniciar su tramitación parlamentaria en el Congreso.
La génesis de este acuerdo se remonta a casi un año, cuando el Partido Socialista aceptó la petición de ERC de crear un modelo de financiación «singular» para Cataluña a cambio del voto para investir a Salvador Illa como president. Este compromiso establecía que, antes de que finalizara el primer semestre de este año, Gobierno y Generalitat debían validar las bases de un modelo que otorgaría al Govern la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña, siguiendo una línea similar al concierto vasco. Posteriormente, la Generalitat contribuiría al Gobierno central con una cuota de solidaridad interterritorial y un pago por los servicios prestados por el Estado. No obstante, el cálculo de ambas cantidades aún está pendiente y, según diversas fuentes, no figurarán en el documento que se prevé aprobar el lunes.
Uno de los principales escollos radica en el modelo de “gestión en red” pactado por ambos Ejecutivos. ERC ha expresado su recelo, al considerar que mantiene una excesiva tutela de la Agencia Tributaria estatal sobre su homóloga catalana (ATC). Por su parte, el Gobierno central difiere de la Generalitat y ERC en la necesidad y viabilidad a corto plazo de un aumento tan significativo en la dimensión de la ATC, argumentando falta de capacidad técnica y recursos para una implementación diferente. Esta gestión en red implicaría el uso del sistema de la Agencia Tributaria estatal, la aplicabilidad del modelo a otras comunidades y el control último por parte del Ministerio de Hacienda, a diferencia de lo que ocurre con las provincias forales.
Fuentes del Ministerio de Hacienda han asegurado que el texto del acuerdo, que consta de cuatro folios, no desarrollará en detalle el nuevo sistema, pero sí esbozará una «pista de aterrizaje» para que Cataluña pueda aumentar su capacidad de recaudación. Esto no implica una mejora automática de sus ingresos netos, ya que sobre esos ingresos gestionados se descontaría la aportación que Cataluña realice a la solidaridad y por los servicios prestados por el Estado.
Con las cifras más actualizadas, los ingresos que gestiona la Generalitat podrían elevarse en más de 14.000 millones de euros. El primer impuesto prometido para traspasar a la ATC es el IRPF, lo que podría suponer más de 12.000 millones de euros adicionales para Cataluña. Adicionalmente, el Govern se embolsaría el IVA de las pymes catalanas, generando algo más de 1.000 millones de recaudación extra. Actualmente, Hacienda distribuye el IVA entre las comunidades según su porcentaje de consumo, correspondiendo a Cataluña alrededor del 19% según el INE. Con el nuevo acuerdo, la Generalitat se quedaría con el 25% del IVA de las pymes catalanas (que representan el 25% del total nacional), mientras seguiría recibiendo el 19% del IVA facturado por las grandes empresas.
Incertidumbre legislativa
El acuerdo, aunque satisface en parte a los republicanos al ver cómo el PSOE y el PSC abrazan finalmente el camino del cambio en la financiación, se enfrenta a la complejidad de la tramitación parlamentaria. Para su implementación, son necesarias varias reformas legales, incluyendo la modificación de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). ERC alerta que aún no hay acuerdo sobre el texto de la proposición de ley que deberá iniciar su andadura en el Congreso.
El secretario de Hacienda participará en la reunión del lunes, aunque la principal responsabilidad en la Bilateral recae en el Ministerio de Política Territorial, liderado por Ángel Víctor Torres. Pese a la ambición política de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, por presidir la Junta de Andalucía, los técnicos de su ministerio han participado activamente en las negociaciones. El mensaje del Gobierno es que el modelo diseñado es singular para Cataluña por sus competencias específicas y únicas, como las prisiones (con un coste de unos 479 millones de euros) o los Mossos d’Esquadra, aunque también se resalta su escalabilidad para que otras comunidades puedan adaptarlo si asumen nuevas competencias.
Sin embargo, para los republicanos, la teoría choca con la práctica. La dirección de ERC advierte que, a pesar del acuerdo marco, el texto de la proposición de ley sigue en el aire. Su tramitación parlamentaria estará sujeta a numerosas incertidumbres, dependiendo de los delicados equilibrios de la mayoría que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez, en un momento de máxima debilidad por escándalos de corrupción en el seno del PSOE, y con la necesidad del líder catalán de actualizar los Presupuestos de la Generalitat.
ERC, que ha asumido que la singularidad del modelo dependerá de la decisión del resto de las comunidades, mantiene serias dudas sobre otros puntos espinosos. El calendario para preparar la ATC y permitir la recaudación del IRPF el próximo año es apremiante. El Govern tiene previsto presentar su plan en 20 días para lograr este objetivo, con la meta de efectuar las primeras retenciones en febrero, un plazo que se presenta como un desafío considerable.
Imagen: La vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (Este viernes, en su cuenta de X).
