Los más de 5,3 millones de habitantes que habitan las tres provincias de la Comunitat Valenciana van sentir en sus carnes, de nuevo, cómo el tema de la infrafinanciación de su territorio queda relegado a un cajón, mientras se resuelve el del vecino del norte. Ni más ni menos. NI sus instituciones públicas en general, empezando por la Generalitat y las Cortes Valencianas, ni el supuesto poder valenciano (casi nulo) en Madrid son capaces de hacer cumplir los compromisos del Gobierno con esta tierra. Lejos queda aquella promesa que arrancó Joan Baldoví a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero en la anterior legislatura para que ‘en ocho meses’ empezara a trabajarse con un texto sobre el asunto. Era enero de 2020 y el PSOE y Compromís pactaron presentar en ese plazo un nuevos sistema de financiación autonómico. Dos meses y medio después llegó la pandemia de la Covid-19 y todo saltó por los aires. Han pasado cinco años y medio y son los catalanes los que se llevan el gato al agua.
La semana se abre con una reunión decisiva para el futuro de la financiación autonómica en España. Este próximo lunes, la Comisión Bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña se reunirá para abordar la legislación que será presentada en el Congreso de los Diputados, cuyo objetivo principal es la promoción de un modelo de financiación específico y singular para Cataluña. La sesión estará presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, junto a los consellers Albert Dalmau y Alícia Romero por parte de la Generalitat.
Esta crucial cita se celebra tras un retraso de dos semanas respecto al compromiso inicial entre el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que fijaba el 30 de junio como fecha límite para concretar el acuerdo. Según declaraciones de Oriol Junqueras, líder de ERC, se concedieron al PSOE «unas semanas más» para lograrlo. El aplazamiento de las negociaciones se ha atribuido, según fuentes citadas por Europa Press, a la participación de Montero en las elecciones andaluzas, así como al impacto del ‘caso Santos Cerdán’.
Junqueras ha sido explícito en sus aspiraciones. Recientemente anunció que su formación en el Congreso propondrá una reforma legislativa que dote a Cataluña de la capacidad para recaudar y administrar íntegramente el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con la posibilidad de extender esta gestión a la totalidad del sistema tributario en el futuro. Junqueras ha enfatizado la magnitud de este cambio: «No es lo mismo que Cataluña pueda gestionar 30.000 millones de euros con la incorporación del IRPF que 5.000 millones» bajo el esquema actual.
Detalles del acuerdo
El acuerdo que ha sido objeto de negociación entre ambos ejecutivos contempla que la Generalitat comience a recaudar la totalidad del IRPF generado en Cataluña a partir del año 2026. La reunión del lunes se centrará en los pormenores de la proposición de ley que deberá presentarse en el Congreso de los Diputados, una reforma legal imprescindible para que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) pueda asumir la administración de dicho impuesto desde la fecha prevista.
La consecución de un modelo de financiación singular es uno de los pilares del pacto que sellaron el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Este acuerdo incluye explícitamente «la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos».
El nuevo modelo de financiación singular para Cataluña contempla la inclusión de una cuota de solidaridad destinada a las comunidades autónomas con menores recursos económicos. Asimismo, se mantendrá el principio de ordinalidad, que busca asegurar que las comunidades que más contribuyen al sistema no queden, tras los mecanismos de redistribución, en una posición per cápita inferior a las que menos aportan. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que el acuerdo no generará «agravios territoriales» y que su aplicación estará «en manos de todas las comunidades autónomas que quieran desarrollar su estatuto de autonomía».
Nuevas competencias
Para el Govern, esta reunión es crucial, tal como ha señalado su portavoz, Sílvia Paneque. El encuentro permitirá que el acuerdo trascienda de ser un mero pacto entre partidos a convertirse en un compromiso formal entre el Gobierno y la Generalitat, otorgándole así la necesaria «protección institucional». Paneque también ha confirmado los planes del Govern para reforzar la Agència Tributària de Catalunya, con el objetivo de dotarla de la capacidad operativa para administrar el IRPF a partir del próximo año, y eventualmente, otros impuestos en el futuro.
En mayo, la Generalitat aprobó una ampliación significativa de la plantilla presupuestaria de la ATC con 200 nuevas plazas. Esta medida busca preparar a la agencia para los desafíos y las nuevas competencias que implicará el nuevo modelo de financiación. Una vez que el acuerdo sea aprobado y la relación de puestos de trabajo modificada, se lanzará una oferta pública de empleo detallada. Esta incluirá convocatorias para cubrir 20 plazas del cuerpo superior de inspectores tributarios, 30 del cuerpo superior de técnicos tributarios y 40 del cuerpo técnico de gestores tributarios. Además, se sumarán 45 plazas de otros cuerpos técnicos y 65 plazas administrativas o auxiliares administrativos, y se promoverá activamente la contratación en el ámbito tecnológico.
Estas 200 nuevas incorporaciones se añadirán a las 50 plazas que la Agència ya tenía previstas para 2024, de las cuales 40 se convocarán de manera inminente y las 10 restantes antes de finalizar el año. Con estas ampliaciones, la plantilla de la ATC aumentará de forma significativa, alcanzando aproximadamente los 830 profesionales, preparándola para asumir la gestión de nuevas figuras tributarias más allá del IRPF, marcando un antes y un después en la autonomía fiscal catalana.
Agravio valenciano
El debate sobre la financiación singular de Cataluña resalta las profundas asimetrías y las históricas reivindicaciones que existen dentro del sistema de financiación autonómica en España. Mientras Cataluña busca un modelo que le permita una mayor autonomía fiscal y gestión directa de sus recursos, otras comunidades, como el País Vasco, operan bajo un régimen completamente diferente, y otras, como la Comunitat Valenciana, sufren una infrafinanciación crónica.
El Concierto Económico del País Vasco (y el Convenio con Navarra), es un régimen fiscal singular arraigado en derechos históricos (fueros) y reconocido en la Constitución Española. Bajo este sistema, las diputaciones forales del País Vasco y Navarra tienen la potestad de recaudar directamente casi todos los impuestos generados en sus territorios (IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades, etc.). Posteriormente, abonan al Estado central una cantidad fija, conocida como «cupo» o «aportación», para sufragar los servicios no transferidos a la comunidad autónoma (como Defensa, Exteriores, la Corona o infraestructuras estatales). Este modelo otorga una autonomía fiscal plena a estas comunidades, permitiéndoles gestionar sus propios recursos y, en general, disfrutar de una posición financiera más sólida en comparación con las comunidades del régimen común.
En contraposición, la Comunitat Valenciana es el ejemplo más paradigmático de la infrafinanciación dentro del sistema de régimen común. Su financiación se rige por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), cuyo modelo actual (de 2009) se ha demostrado perjudicial para la región. Este sistema utiliza una población ponderada que no refleja adecuadamente la población real, el crecimiento demográfico ni las necesidades específicas de la Comunitat Valenciana, como su dispersión geográfica o los costes de sus servicios públicos. Esta deficiencia estructural provoca que la Comunitat Valenciana sea, año tras año, una de las comunidades autónomas con menor financiación por habitante, lo que se traduce en una deuda pública desproporcionada y constantes dificultades para sostener servicios básicos como la sanidad y la educación, una situación que ha generado un clamor unánime por una reforma urgente y justa.
