Carlos Primo, abogado y CEO del despacho Domina Legal, ha alzado la voz sobre la grave situación de infrafinanciación que padece la Comunidad Valenciana, alertando de las consecuencias económicas y sociales que arrastra el territorio desde hace décadas. En sus declaraciones, Primo ha defendido la necesidad urgente de una reforma constitucional que otorgue mayor autonomía y poder de decisión a las comunidades autónomas, especialmente a aquellas que, como la valenciana, “siguen pagando más impuestos que nadie y recibiendo menos fondos públicos”.
“Tenemos una Constitución que nos ha servido durante una época, pero social, económica y culturalmente el país ha cambiado. Hay que avanzar en el sistema y dar más poder territorial a las autonomías a través de un cambio constitucional, porque si no, ni avanzamos ni retrocedemos”, ha afirmado.
Primo critica que, pese al paso de diferentes gobiernos de todos los signos políticos, el problema de la infrafinanciación valenciana sigue sin resolverse. “Aquí no tenemos políticos valencianos con la suficiente autonomía para defender nuestros intereses. En cambio, catalanes y vascos han conseguido más fuerza por su papel clave en la gobernabilidad del Estado”, ha explicado.
El abogado también ha puesto el foco en las graves consecuencias que esta situación tiene para los servicios públicos y el tejido empresarial que los sustenta. “Estamos infrafinanciados desde hace 30 años y no podemos pagar absolutamente nada. Esto se traduce en impagos, en contratos que se quedan en ultraactividad porque hay que seguir prestando el servicio, pero no se pueden revisar ni actualizar en contextos de inflación”, ha advertido.
Además, ha alertado de que muchas empresas están cobrando por debajo de precios de mercado, lo que con el tiempo genera reclamaciones judiciales, intereses acumulados y mayores costes para todos los ciudadanos: “Como no se puede dotar presupuestariamente a los nuevos contratos, llega un momento que las empresas reclaman las diferencias con intereses, y eso nos cuesta más dinero a todos los valencianos».
Primo concluye que la inacción política y el estancamiento del sistema autonómico no solo impiden el desarrollo justo y equilibrado del Estado, sino que ponen en riesgo la sostenibilidad económica y los derechos sociales de territorios como la Comunidad Valenciana.
