València, 21 jul (EFE).- Los sindicatos UGT PV y CCOO PV y la Confederació d’Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) han activado una campaña para exigir a la Generalitat que eleve la inversión pública en vivienda al 2 % del PIB regional, unos 2.770 millones de euros, y aplique la Ley de vivienda estatal para intervenir los precios.
La campaña, que se iniciará en septiembre con jornadas y otras actividades, se lanza este lunes con un manifiesto ‘Por una vivienda para una vida digna: un derecho de la ciudadanía’, que contempla varias medidas como la ampliación del parque público de alquiler en zonas tensionadas y para vivienda de emergencia social, para las que piden la adhesión de otras entidades.
Desde CCOO PV, su secretaria general, Ana García, ha denunciado que a la situación de emergencia habitacional se añaden las dificultades de familias que sufrieron la dana de octubre, debido a la insuficiencia de las ayudas al alquiler.
Como ha señalado el secretario general de UGT-PV, Tino Calero, el acceso a una vivienda digna es actualmente la mayor preocupación de los ciudadanos y más de la mitad dedica entre el 40 y el 60 % de su renta a esta, ya sea alquiler o compra, «muy por encima» del 30 % que indican los expertos.
A la falta de construcción -se ha pasado de construir 75.000 viviendas en el año 2000 a poco más de 12.000- se unen los precios de los alquileres -un 12,7 % más en el último año-, por lo que proponen un gran pacto de estado para disponer de medidas coordinadas que incluya la aplicación de la Ley de vivienda estatal en la Comunitat Valenciana.
La construcción de vivienda pública es otra de las necesidades que defienden para avanzar desde el 2 % actual de parque público al 9,3 % de media europea, así como la compra por parte de la administración para ponerla a precios asequibles y que no superen el 30 % de los ingresos salariales, utilizando el derecho de tanteo y retracto para la adquisición preferente.
Otra de las cuestiones recogidas en el manifiesto es la intervención en el precio del mercado, sobre el que hay experiencias positivas de reducción en 100 euros al mes el precio del alquiler como ha ocurrido en Barcelona.
García ha ofrecido datos como el incremento del 139 % en los últimos diez años del precio del alquiler que sitúa en unos 1.000 euros el precio mensual y en ciudades como València o Benidorm se eleva a 1.300 euros, unas cantidades que se contraponen a los 1.184 euros del salario mínimo interprofesional.
También han aludido a los pisos vacíos ya que la Comunitat es una de las regiones con mayor volumen, un 14 %, casi medio millón, ante lo que hacen falta «medidas valientes» que podrían pasar por programas de rehabilitación para que después sean cedidas a la administración.
Limitar los pisos turísticos, sobre todo en zonas tensionadas, constituye otra medida para frenar el problema del acceso a la vivienda, en una comunidad donde los alquileres turísticos han aumentado un 19 %.
