La Generalitat denuncia la falta de transparencia y ambición del Plan de Actuación 2025 presentado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico durante la Junta de Gobierno de la CHJ a la que ha asistido el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y el de conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.
El documento ignora que el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana es estructural y afecta a todo el territorio, desde la Vega Baja hasta el Maestrazgo. Esta visión compromete la posibilidad de diseñar una estrategia integral de prevención y protección frente a futuros episodios extremos. Por ello, los representantes de la Generalitat se han opuesto al plan aprobado por la Junta de Gobierno de la CHJ.
El conseller de Agricultura, ha denunciado que en materia de seguridad, el Plan se limita a proponer la reparación de infraestructuras dañadas y, diez meses después de la dana, “subraya la urgencia de implantar el Sistema de Alerta Temprana (SAT), una herramienta clave para la gestión de emergencias en episodios como el ocurrido en octubre de 2024, y de la que aún carecen los cauces de la Comunitat Valenciana, sin que la Confederación Hidrográfica del Júcar la haya implementado hasta la fecha”.
Asimismo, Barrachina ha señalado que el Plan omite actuaciones de interés común que son competencia del Ministerio, como la limpieza de cauces, las obras necesarias en las depuradoras de Alicante o la construcción de presas clave para la seguridad ciudadana, como las de Vilamarxant o Montesa.
El conseller de Agricultura ha recordado que en noviembre de 2024 se presentó al Gobierno de España un plan completo que contemplaba toda la Comunitat Valenciana, con una inversión global de 2.390 millones de euros y una dotación anual de 500 millones de euros, “sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta alguna”.
Por su parte, Martínez Mus ha denunciado la baja ejecución de las actuaciones de la CHJ frente al riesgo de inundación y ha recordado que, según el mismo organismo no llega al 2 % en 2024. De la misma forma, en el actual ejercicio solo se pretendan ejecutar 1,5 millones, “una cantidad totalmente insuficiente para lo que estamos necesitando”. Todo ello pese a los anuncios a futuro del Ministerio de Transición Ecológica, que no están plasmados en ningún plan de la Confederación, ha incidido el conseller.
Por ello, el titular de Medio Ambiente e Infraestructuras ha reclamado que se ejecuten las inversiones pendientes en la planificación del organismo, pero también las obras de encauzamiento necesarias en el barranco del Poyo y el barranco de la Saleta, entre otros.
Asimismo, la Generalitat denuncia que, a día de hoy, no se ha presentado el borrador del nuevo Real Decreto anunciado para modificar la normativa de gestión del riesgo de inundación. Tampoco se ha actualizado el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), cuya revisión no estará disponible hasta finales de año. Esta falta de avances normativos y técnicos supone un riesgo inaceptable para la seguridad de la población y obstaculiza la planificación de las actuaciones necesarias.
El Plan tampoco aclara qué fórmula legal se utilizará para recuperar el dominio público hidráulico, pese a que se presenta como una medida prioritaria. Esta falta de concreción genera una importante incertidumbre jurídica, especialmente en aquellos tramos donde los cauces se han ensanchado o profundizado hasta un 30 % como resultado de la dana, lo que afecta directamente a la delimitación de terrenos.
La Generalitat insiste en que la gravedad de los daños causados por los temporales del pasado otoño exige una respuesta urgente, ambiciosa y clara por parte del Estado, con una visión de conjunto y una coordinación efectiva con las administraciones autonómicas y locales.
