Juan Carlos Galindo, CEO de Galindo & Benlloch y reconocido perito judicial, ha ofrecido unas contundentes declaraciones en El Intercafé sobre el caso que envuelve a José María Ángel, excomisionado de la DANA y figura clave en la gestión de emergencias del gobierno valenciano durante la etapa del Botànic. Ángel ha sido señalado por supuestamente haber accedido a un puesto en la administración pública hace cuatro décadas presentando documentación cuestionable sobre su formación académica.
Galindo fue claro al señalar que “cualquier tipo de delito posible ha suscrito y una fotocopia no se considera una falsificación. Hay que tener en cuenta que esto ocurrió hace 40 años y entró con el Bachiller, que era lo único que se pedía”. Con ello, matiza que desde un punto de vista técnico y jurídico, la presunta irregularidad podría tener una valoración diferente hoy en día, y estaría sujeta a los límites temporales de la ley.
El experto también subraya que “a José María Ángel solo se le podría solicitar los últimos 5 años en el caso que se demuestre la diferencia entre lo que ha cobrado y lo que le tocaba”, recordando que cualquier posible repercusión económica o legal debería ceñirse al marco legal vigente sobre la prescripción de responsabilidades administrativas o penales.
Sin embargo, Galindo apunta que el verdadero problema no reside en el acceso inicial a la plaza, sino en la falta de honestidad mantenida durante décadas: “El problema no es la plaza de hace 40 años, sino el mentir. Aquí no se entra a valorar las habilidades del perfil y hay países donde no se mira el currículum, sino las competencias actuales para desarrollar un puesto, pero la mentira prolongada en el tiempo”.
Pese a cuestionar la base del acceso al cargo, Galindo también reconoce la trayectoria profesional de Ángel: “Por experiencia y por estudios, tanto reglados como no reglados, se miden las competencias de un perfil público. Las emergencias no se dan en ningún título, y José María Ángel ha tenido una trayectoria excepcional en los puestos que estuvo con el Botànic, pero ha mantenido 40 años esa mentira”.
Finalmente, Galindo recordó que el acceso a la administración pública no es un proceso unilateral: “En la administración pública una persona sola no accede a un puesto determinado, sino que necesita que un tribunal acepte o le considere el más válido para ese puesto”.
