La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha denunciado que la Comunitat Valenciana sigue siendo la comunidad de régimen común con la peor financiación por habitante ajustado pese a que el Gobierno central insiste en que recibe más recursos que nunca. “Se trata de ingresos que corresponden legítimamente a los valencianos, no de un regalo del Gobierno de Sánchez”, ha subrayado Merino.
La consellera de Hacienda se ha pronunciado en estos términos con motivo de la publicación de los datos definitivos sobre la financiación de las comunidades autónomas de régimen común de 2023, cuya liquidación se abona este mes. Según un informe de la Dirección General de Financiación a partir de esos datos, los ciudadanos de la Comunitat Valenciana fueron los peor financiados con 3.215 euros por habitante ajustado.
Esta cifra les sitúa a 1.098 euros por debajo de los ciudadanos con la mayor financiación por habitante, y 200 euros por debajo de la media de las comunidades autónomas de régimen común, que fue de 3.415 euros por habitante ajustado, ha explicado Merino.
Esta situación, según Merino, “sigue perpetuando un modelo profundamente injusto que penaliza a cinco millones de valencianos y valencianas infrafinanciados desde hace ya más de dos décadas”.
“Para los valencianos es insultante que el Gobierno presuma de un apoyo récord a las comunidades o de su voluntad política por reforzarlas. Porque, aunque los recursos del sistema de financiación sean más altos que nunca, están tan mal repartidos como siempre y las comunidades infrafinanciadas seguimos perdiendo”, ha lamentado la consellera en relación a la financiación anunciada por el ministerio de Hacienda para 2026.
“Voluntad política sería reformar el sistema de financiación, sin privilegios y garantizando la equidad y la suficiencia de todas las comunidades. Si los recursos aumentan es porque la economía funciona mejor, también gracias al esfuerzo fiscal de territorios como la Comunitat Valenciana y a las políticas del Consell de Carlos Mazón”, ha explicado la consellera quien insiste en que Sánchez “no regala nada, sino que es el presidente de un Gobierno zombie que no gobierna.
Impacto directo en el bienestar y el desarrollo
Sin embargo, el posterior reparto de los recursos entre las autonomías continúa lastrando el bienestar de los valencianos “por culpa del mal diseño de un sistema que genera diferencias injustificables entre habitantes y que a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana nos castiga sistemáticamente”.
De hecho, según reitera la consellera de Hacienda, la Generalitat se ve obligada a destinar un porcentaje muy superior de sus ingresos a cubrir servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales. “Entre 2009 y 2022, la Comunitat ha dedicado el 86,3 % de sus recursos a servicios fundamentales, frente a una media del 81,6 % en las comunidades también infrafinanciadas”, ha recordado Merino citando datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
Además, ha alertado del impacto negativo que esta situación provoca en el desarrollo económico del territorio. “La falta de recursos limita la inversión en infraestructuras, empleo o políticas de innovación, lo que explica en gran parte que el PIB per cápita valenciano esté un 14 % por debajo de la media nacional y que esa brecha haya crecido desde el año 2000”, ha señalado Merino.
Merino ha lamentado “la total ausencia de avances por parte del Ministerio de Hacienda”, al que acusa de no querer abordar la reforma del sistema de financiación. “Todos los trabajos técnicos están terminados. Lo que falta es voluntad política de un Gobierno inoperante y una ministra desaparecida. Y mientras tanto, se perpetúan desigualdades que afectan directamente al bienestar de millones de personas”, ha afirmado.
En este sentido, ha lamentado que la ministra de Hacienda haya sustituido este año el debate del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que habitualmente se convoca en julio “por un vídeo propagandístico para alardear de la supuesta voluntad del Gobierno de reforzar a los territorios, lo que supone la enésima muestra de falta de lealtad institucional de este Gobierno”.
