El pilar de la política económica del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sus aranceles, ha recibido un revés judicial significativo. Este viernes, un tribunal de apelaciones en Washington declaró ilegales la mayoría de estas medidas, poniendo en tela de juicio el uso que el presidente ha hecho de sus poderes de emergencia. La decisión afecta directamente a los aranceles del 15% a la Unión Europea y a los impuestos aplicados a China, Canadá y México, justificados por el gobierno como respuesta a crisis migratorias y de tráfico de fentanilo. Pese a la contundencia del fallo, la suspensión de los aranceles se ha aplazado hasta octubre, permitiendo que la administración presente un recurso ante la Corte Suprema.
Inmediatamente, Trump acudió a su red social, Truth Social, para criticar la sentencia y asegurar a sus seguidores que los aranceles «siguen aún en vigor». También calificó al tribunal de «altamente politizado», sugiriendo que la mayoría conservadora de la Corte Suprema fallará a su favor. La sentencia subraya que, si bien la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) otorga al presidente ciertas facultades, estas no incluyen la imposición de impuestos. El tribunal reafirma así la autoridad del Congreso para establecer aranceles, una potestad que, según las demandas que llevaron al caso, no puede ser delegada de forma ilimitada al presidente.
La decisión judicial se basa en un principio fundamental de la Constitución estadounidense: el poder de imponer impuestos y aranceles reside exclusivamente en el Congreso. Históricamente, la IEEPA de 1977 se había utilizado para acciones puntuales como sancionar a adversarios extranjeros o congelar activos, pero Trump fue el primer presidente en emplearla para aplicar aranceles de forma generalizada y así eludir el proceso legislativo. La conclusión del tribunal es que esta ley no puede ser usada como una herramienta para sustituir la autoridad del poder legislativo en materia de política fiscal y comercial, argumentando que cualquier delegación de este poder debe ser específica y limitada, algo que no ocurre en este caso.
El fallo surge de dos demandas separadas: una de cinco pequeñas empresas estadounidenses y otra de doce estados gobernados por demócratas, que coincidieron en su argumento de que la IEEPA no otorgaba al presidente la autoridad para establecer aranceles. Si bien este revés es significativo, no afecta a todos los impuestos de Trump, como los aranceles a las importaciones de acero y aluminio, que fueron establecidos bajo una autoridad legal diferente. A pesar de esto, el fallo representa un duro golpe a uno de los pilares de la agenda económica de Trump, quien ha defendido los aranceles como la solución mágica para el déficit fiscal y como una herramienta de presión para obtener concesiones de otros países.
