El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad Valenciana, Alberto Ara, ha advertido del clima de “incertidumbre” que atraviesa el colectivo debido a la gestión política y la sobrecarga normativa que afrontan las pequeñas empresas.
“Hay un escenario de incertidumbre porque en estos momentos tenemos políticos al frente de muchos temas que son proveedores de incertidumbre. Ello conlleva a una retracción de la inversión porque el escenario no es seguro, y trasladado a una acción más doméstica, siendo los que menos pulmón financiero tenemos, pueden existir problemas serios”, afirmó el presidente de los autónomos valencianos.
Ara señaló que la clave no está solo en la fiscalidad, sino en la falta de garantías jurídicas: “Evidentemente hay que pagar impuestos, pero el problema viene por la seguridad jurídica porque no tenemos claras las reglas del juego. Nosotros debemos saber con claridad qué aspectos hay que tener en cuenta y no según quien se aplique de una forma u otra”.
En este sentido, criticó el exceso regulatorio que, según sus palabras, asfixia a los pequeños negocios: “Aquí estamos afectados por máquinas de legislar, porque entre la comisión europea, el Estado, la comunidad autónoma o las locales existe un millón de folios anuales en normas jurídicas”.
El presidente de ATA Comunidad Valenciana también puso el foco en la economía sumergida, que considera una amenaza directa para los pequeños empresarios: “Las microempresas y autónomos tienen el problema de la economía sumergida y ahí se debe incidir porque es una competencia desleal, debiendo atajar el fraude de verdad”.
Asimismo, destacó el impacto del absentismo laboral, especialmente en estructuras reducidas: “En España tenemos un problema grave de absentismo laboral, alcanzando el 7% de media, pero en las pequeñas empresas un posible trabajador que esté de baja sube al 20%. Esto se produce porque para llegar al sistema de salud es muy difícil porque está colapsado y nadie quiere mirar ese punto que colapsa a la vez también el mercado laboral”.
Preocupación por las 37,5 horas y la subida de costes
Ara también mostró su rechazo a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas: “Si no se rechaza la medida lo pagará el autónomo, porque los trabajadores harán por normativa sus horas, y el resto hará más horas para sacar hacia delante la faena no pudiendo conciliar como debe”.
Por último, advirtió de que la presión fiscal y laboral está provocando destrucción de empleo en el tejido más vulnerable: “Se está perdiendo el empleo en las pequeñas empresas y en los autónomos porque se suben los costes, ya sea del SMI o de los distintos impuestos, y la productividad no aumenta al mismo tiempo”.
