El abogado Vicente Ibor ha expresado duras críticas hacia la instrucción que lleva la jueza de Catarroja en relación al caso de la dana, al considerar que el procedimiento “hace aguas por todas partes”. Según explicó, las competencias en materia de emergencias están repartidas entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno central, pero la limpieza y el mantenimiento de los barrancos son responsabilidad exclusiva del Estado y sus organismos.
En este sentido, Ibor señaló que en los círculos jurídicos no se comprende cómo no se ha llamado a declarar como investigados a los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ni a la delegada del Gobierno, quienes, a su juicio, “deberían tener el derecho a defenderse”.
Además, criticó que se haya desestimado la línea de defensa de una de las víctimas, subrayando que cualquier representante legal “puede orientar la defensa en la dirección que considere más conveniente, sin faltar a nadie”.
Ibor también se pronunció sobre la reciente propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, calificándola de “medida sin sentido político ni económico”. A su juicio, esta iniciativa refleja la falta de cohesión en la coalición de Gobierno, ya que no cuenta con el consenso de todos sus socios ni con el respaldo de los principales actores sociales.
El abogado advirtió que la medida podría tener efectos adversos sobre la economía: “Con menos horas trabajadas, la rentabilidad de muchas empresas se vería mermada y, en consecuencia, podría reducirse el salario medio. Lo verdaderamente importante es que los ciudadanos no sigan perdiendo capacidad adquisitiva”.
