El Gobierno de España, a través de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha presentado esta semana una ambiciosa Propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad con horizonte 2030. El plan, que próximamente saldrá a información pública, prevé una inversión de 13.590 millones de euros hasta el final de la década, con una clara prioridad para los proyectos industriales.
Además de este plan, el Ejecutivo ha iniciado el trámite de audiencia pública de un Proyecto de real decreto para regular las inversiones en las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Este marco, según Aagesen, busca «desarrollar una red eléctrica que nos permita seguir electrificando nuestra economía y reforzar la competitividad de España».
A diferencia de las planificaciones anteriores, el principal motor de esta propuesta es la demanda. La ministra Aagesen ha detallado que el 41% de las más de 7.000 solicitudes recibidas provienen de proyectos de consumo, seguidos por la generación (40%) y el almacenamiento (19%). La propuesta plantea atender 27,7 GW desde la red de transporte, multiplicando por 14 los 2 GW del plan vigente, y 5,3 GW desde la red de distribución.
La inversión se desglosa para cubrir una amplia gama de necesidades:
- 9 GW para proyectos industriales.
- 1,8 GW para desarrollos residenciales y nuevas viviendas.
- 560 MW para la electrificación ferroviaria.
- 1,2 GW para la electrificación portuaria, permitiendo que los barcos se abastezcan desde tierra.
- 3,1 GW para la producción de hidrógeno verde.
- 3,8 GW para centros de procesamiento de datos.
En el caso de la generación, las peticiones para nuevas instalaciones de renovables están alineadas con los objetivos de 2030, con solicitudes de 60 GW de nueva energía eólica (el doble de lo previsto), 150 GW de fotovoltaica (cinco veces más) y más de 100 GW de almacenamiento (nueve veces más).
Inversión y transparencia
El escenario de inversión previsto en la propuesta, de 13.590 millones de euros, es significativamente superior a los 8.203 millones de la planificación anterior. Para alcanzar este objetivo, el Proyecto de real decreto refuerza la regulación para incrementar el volumen máximo de inversión en las redes de transporte y distribución, manteniendo al mismo tiempo la protección de los consumidores.
Se prevé un aumento de la inversión hasta 2030 de 3.600 millones de euros para la red de transporte y 7.700 millones para la de distribución. Este volumen de inversión adicional estará condicionado a que las empresas de distribución lo destinen a fines específicos:
- Al menos un 10% debe mejorar el control de tensión y telecontrol.
- Un máximo del 15% podrá ser para inversiones anticipatorias en zonas con nuevos proyectos industriales.
- Hasta un 5% para la protección de la avifauna.
Además, la propuesta incrementa la transparencia y el control sobre el proceso de inversión de las compañías, obligándolas a someter sus planes a consulta previa y a publicar los planes aprobados. Se establecen penalizaciones, como la pérdida de hasta el 25% del volumen de inversión adicional, si las empresas no cumplen con los objetivos. El Gobierno destaca que este plan tendrá un «efecto multiplicador» en la economía, con estudios que estiman que cada millón de euros invertido en redes genera 1,27 millones en valor añadido y 20 nuevos empleos.
Los interesados pueden presentar sus alegaciones al Proyecto de real decreto hasta el próximo 6 de octubre.
