El analista político Juanvi Pérez ha señalado que el desarrollo del caso evidencia cómo el interés partidista y el rédito público han condicionado la gestión, dejando en segundo plano a las víctimas y a la ciudadanía afectada por la dana de octubre de 2024.
“El final se va desgranando el caso y se demuestra que el cálculo político y el rédito público se ha jugado, a pesar de las víctimas. Ahora se demuestra que todas las partes tienen su parte de responsabilidad y al mismo tiempo las dos han intentado sacar beneficio político”, afirmó Pérez, quien considera que el debate se ha alejado de la rendición de cuentas.
El analista recordó que la comunidad académica y técnica ya había alertado con antelación de los riesgos y de las medidas necesarias para prevenir el impacto de la emergencia: “Tenemos desde hace años la capacidad académica y técnica que desde hace tiempo venían avisando de lo que podía pasar, pero al mismo tiempo, de las actuaciones que se debían acometer”.
En este sentido, insistió en que la falta de coordinación entre administraciones no puede volver a repetirse: “No se puede volver a ofrecer una descoordinación entre las administraciones, porque fue durante y está siendo en el post emergencia, tanto en ayudas como en la búsqueda de soluciones”.
Por último, Pérez criticó la actitud del Estado, que en su opinión se ha escudado en el proceso judicial para no asumir responsabilidades políticas: “El Estado se ha amparado en que el proceso estaba ya judicializado, pero independientemente de eso, un responsable público debería rendir cuentas ante la ciudadanía, y más cuando es una cuestión de una envergadura considerable”.
