El desconcierto político en Francia ha escalado a una «comedia crepuscular». El presidente Emmanuel Macron ha conseguido ganar otras 48 horas de agonía política, tras encargar al dimisionario primer ministro, Sébastien Lecornu, que busque un candidato de consenso para evitar unas temidas elecciones legislativas anticipadas.
El movimiento se produjo tras una reunión de más de una hora en el Palacio del Elíseo que concluyó con Lecornu saliendo a un plató de televisión para, simplemente, confirmar la estrategia de dilación: «Una mayoría de la Asamblea Nacional rechaza la disolución» porque no aporta ninguna solución.
La búsqueda de un nuevo jefe de Gobierno parece inclinarse decididamente hacia la izquierda. Tras «tres intentos fallidos de centroderecha», voces como la del prestigioso economista Thomas Piketty han reclamado abiertamente probar con un primer ministro progresista.
La figura de Sébastien Lecornu ha sido la gran protagonista del drama político de los últimos días, asumiendo distintas misiones en menos de 72 horas para servir de escudo de Macron. El exministro de Defensa, que presentó su dimisión pero fue mantenido en funciones, concluyó su misión de consulta asegurando que «hay varios grupos que están dispuestos a ponerse de acuerdo sobre un presupuesto común», citando expresamente a la izquierda. «Siento que hay un camino posible», señaló Lecornu, delegando la decisión final en el presidente, quien debe nombrar un nuevo primer ministro «en las próximas 48 horas». El propio Lecornu, que se definió como «un soldado», no descartó volver a ser nombrado a pesar de haber dimitido.
Pensiones
El precio de este posible acuerdo con la izquierda es alto: la suspensión de la impopular reforma de las pensiones. La medida, que elevó la edad de jubilación de 62 a 64 años, fue la más contestada del mandato de Macron y se aprobó por decreto ante la falta de apoyos parlamentarios.
El propio Lecornu sugirió en su entrevista que habrá que abordar este punto, reconociendo que la reforma es «un verdadero punto de bloqueo». La marcha atrás en esta reforma es una insistente reivindicación de la izquierda (el Nuevo Frente Popular) y supondría «liquidar la gran reforma estructural» de Macron.
Aunque la congelación de la ley generaría un importante agujero fiscal (cientos de millones en 2026 y unos 3.000 millones de euros en 2027), la mayoría de la que habla Lecornu parece preferir este coste a enfrentarse al riesgo de unas urnas.
El caos institucional y la necesidad de sacrificar su reforma estrella son reflejos de la imparable decadencia de Emmanuel Macron. Los últimos sondeos le asignan un 14% de popularidad, la cota más baja de toda su legislatura y un récord negativo para un jefe de Estado francés. El 82% de los ciudadanos declara haber perdido su confianza en él, superando el peor momento registrado por su predecesor, François Hollande.
