Hay cosas que España parecía haber dejado atrás. Los sobres, los códigos para hablar de billetes, los teléfonos de prepago, el dinero en efectivo que nadie declara. Pero no. En pleno 2025, el Partido Socialista —el mismo que gobierna, que presume de ética y transparencia— vuelve a estar sumido en un escándalo de efectivo, favores y contabilidad paralela.
Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), el entorno del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García usaba un lenguaje en clave digno de una novela de corrupción de los años noventa: “chistorras” para los billetes de 500 euros, “soles” para los de 200, “lechugas” para los de 100, “cafés” para los móviles de prepago y de usar y tirar, y “folios” cuando Ábalos tenía que pedir más dinero porque ya se lo había gastado todo.
Nada de eso es una metáfora política. Era su jerga interna para mover y ocultar dinero en efectivo. En una conversación intervenida por la Guardia Civil, Koldo escribió a su pareja: “Tengo una alegría para el día de las elecciones: 2.000 chistorras”. Traducido: un millón de euros en metálico.
Mientras el Gobierno presumía de haber reducido los pagos en efectivo a un máximo de 1.000 euros para luchar contra el fraude, el PSOE repartía sobres y usaba códigos de charcutería para hablar de fajos de billetes. Una ironía sangrante.
La investigación policial ha detectado más de 95.000 euros en gastos de Ábalos sin justificación bancaria entre 2017 y 2021, así como un desfase de más de 13.000 euros entre lo declarado por el PSOE y las cantidades realmente percibidas. Además, la UCO analiza 84 entregas de dinero en metálico vinculadas a la estructura del partido, algunas relacionadas con el actual secretario de Organización, Santos Cerdán, por un total superior a 30.000 euros.
Todo ello en efectivo. Todo fuera del circuito bancario. Todo en contra de la ley.
Y es que la Ley 7/2012, de 29 de octubre, que modificó la Ley 58/2003, General Tributaria y la Ley 36/2006, de medidas para la prevención del fraude fiscal, ya limitaba los pagos en efectivo a 2.500 euros entre profesionales y empresarios. Y desde el 2021, la Ley 11/2021, impulsada por el propio Gobierno socialista, rebajó ese límite a 1.000 euros. La misma ley prohíbe el fraccionamiento de pagos a un mismo Dni o CIF para evitarla.
Si los sobres y “folios” de los que hablan los investigados superaban esas cantidades —y todo indica que sí—, se habría vulnerado abiertamente la normativa antifraude. Lo que antes se llamaba “una caja B”.
El PSOE lo niega todo. Dice que “no hay irregularidades”, que “los pagos están justificados” y que “los informes de la UCO son interpretaciones”. Pero cuesta creerlo cuando los mismos implicados hablaban de “pedir folios” para que Ferraz le mandara más dinero a un exministro que ya había agotado el anterior sobre, o de “tomarse un café” para activar un móvil desechable con el que nadie pudiera rastrear nada.
El cinismo roza lo grotesco. El partido que endureció la ley contra el dinero en efectivo es el mismo que parece haberla convertido en papel mojado. Mientras a los ciudadanos se les exige justificar cada movimiento bancario y se les sanciona si pagan una factura en billetes, los guardianes del Estado manejaban fajos con nombres de bar: “échale más lechugas, que no llega”.
El Tribunal Supremo ha citado a José Luis Ábalos y Koldo García a declarar los días 15 y 16 de octubre. Ferraz, nerviosa, insiste en que “no hay caja B”. Pero los mensajes, las transferencias en metálico, los “cafés” y los “folios” dibujan una estructura interna de pagos opacos que cuesta calificar de otra manera.
El caso Ábalos-Koldo no es solo un episodio más de corrupción: es la confirmación de que el poder, cuando se corrompe, no aprende nada. Que los mismos que prometían limpiar la política se comportan como aquellos a quienes decían combatir.
Porque lo más grave no es que existieran “chistorras” o “folios” de dinero escondido. Lo más grave es que todo ocurría mientras el PSOE redactaba las leyes que nos prohíben a los demás hacerlo. Y eso, más que indignante, es una estafa moral a un país entero.
La pregunta es cuánto más está dispuesto a aguantar un país que trabaja, paga impuestos, justifica cada céntimo… mientras sus gobernantes juegan a las metáforas con dinero ajeno. Tal vez haya llegado el momento de dejar de indignarse y empezar a exigir algo más que dimisiones o titulares. Tal vez haya llegado el momento de exigir vergüenza
