La Comunidad de Madrid ha reafirmado el papel de los grandes eventos deportivos como una «palanca para el turismo nacional e internacional» y un claro impulsor del crecimiento socioeconómico. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, intervino esta mañana en la novena edición del World Football Summit (WFS), un foro que reúne a más de 3.000 ejecutivos y profesionales del sector en la capital durante dos días.
Albert utilizó la plataforma del WFS, que congrega a clubes, federaciones, ligas y empresas tecnológicas, para subrayar el impacto masivo del fútbol en el país. Recordó que este deporte generó 18.350 millones de euros en la última temporada en la economía española, lo que representa el 1,44% del PIB nacional, además de sustentar cerca de 200.000 puestos de trabajo y producir un impacto fiscal de más de 8.390 millones de euros.
La consejera madrileña enfatizó que la capacidad de Madrid para atraer citas deportivas de primer nivel se traduce directamente en desarrollo de infraestructuras punteras y generación de empleo. En este sentido, destacó dos hitos inminentes para la región: la llegada de la Fórmula 1 en 2026 y la celebración de la Copa del Mundo de la FIFA en 2030. El WFS, por su parte, se presenta como un punto de encuentro esencial para forjar alianzas estratégicas, abrir oportunidades de negocio y reforzar el poder de unión social que representa el deporte.
Ciudad de la Justicia
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado este jueves en el acto de que da inicio a la construcción de la Ciudad de la Justicia de Madrid, en el barrio de Valdebebas de la capital, que la jefa del Ejecutivo autonómico ha asegurado que es “fruto de nuestro compromiso con el Estado de Derecho la libertad y la Justicia”. Díaz Ayuso ha constatado que será una de las obras “de mayor envergadura de la historia de nuestro país”, convirtiéndose en el complejo judicial más grande del mundo.
Nuestro objetivo es que refleje la visión que la Comunidad de Madrid tiene del Poder Judicial y del trabajo de jueces, fiscales, abogados, procuradores, graduados sociales y demás servidores públicos, ante los ciudadanos. Es el reflejo de una región moderna, viva, con unas instituciones robustas, propias de una democracia liberal como la nuestra”, ha enfatizado.
Este proyecto, con una inversión de más de 653 millones de euros, con un ahorro de 80 millones anuales para las arcas públicas, reunirá los 378 órganos jurisdiccionales actualmente dispersos en 26 sedes, ampliando este espacio en más de un 60%. Cuando finalicen los trabajos, previstos para el primer trimestre de 2029, esta infraestructura ocupará más de 470.000 metros cuadrados, con un espacio adicional del 30% para absorber el crecimiento de la planta judicial durante los próximos 40 años.
La presidenta madrileña ha detallado que por estas instalaciones pasarán diariamente 33.000 personas, entre empleados públicos, profesionales de la Justicia y ciudadanos, con recorridos a lo largo de todo el complejo diferenciados y protegidos para evitar encuentros entre víctimas, jueces, policías y acusados.
Contará con 20.000 metros cuadrados de zonas verdes, su acceso principal llevará el nombre de Plaza de la Justicia, que será casi tan grande como la Puerta del Sol, y que conectará con otra gran avenida central. A ambos lados de ella se levantarán cuatro edificios con forma de prisma, que albergarán el Decanato de Madrid y los colegios profesionales; la Fiscalía Superior y la Provincial; 354 juzgados de lo civil, social, contencioso-administrativo y penal; las oficinas de asistencia a víctimas del delito, y cerca de 4.000 plazas públicas de aparcamiento, todo ello plenamente accesible para las personas con dificultades de movilidad.
3.000 trabajadores
En los momentos de mayor actividad llegarán a trabajar en la Ciudad de la Justicia un total de 3.000 personas, con un cálculo aproximado de casi 6,3 millones horas de mano de obra, y se moverán más de 1,8 millones de toneladas de tierra, utilizando para ello, entre otros materiales, 206.916 m3 de hormigón y 23.800 toneladas de acero. Además, serán necesarias grúas torre y telescópicas y maquinaria pesada como pilotadoras, retroexcavadoras, camiones de bombeo y montacargas.
La parte del recinto compuesta por el edificio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la Audiencia Provincial y la gran plaza de acceso ya ha recibido dos certificados de sostenibilidad y eficiencia ambiental. En concreto, el cumplimiento de los criterios del Sello Verde que otorga Green Building Council España y que el consumo energético es un 10% inferior al valor límite establecido como objetivo NZEB (Nearly Zero Energy Building) en el Código Técnico de la Edificación. También se superarán los máximos estándares de sostenibilidad y eficiencia energética en el resto de juzgados, Fiscalía, aparcamiento, archivos, depósitos y dependencias de seguridad.
