València se prepara para una jornada de caos en el transporte este martes, 4 de noviembre. Hasta 4.000 conductores de taxi, que representan más del 90% de las licencias de la Comunitat Valenciana, están llamados a un paro de cuatro horas (8:30 a 12:30 horas) y una manifestación masiva que paralizará la ciudad. El paro responde a una guerra abierta contra el «intrusismo» y la «competencia desleal» de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). La protesta tiene como objetivo señalar a la Conselleria de Infraestructuras por la falta de inspección y sanción, pero ha escalado a un cruce de acusaciones sobre la realidad del sector.
El Ayuntamiento de València ha emitido una alerta, reconociendo que las dos marchas que recorrerán la ciudad «van a afectar de manera grave» a la circulación, incluyendo accesos clave como la CV-35 y la V-21. La Policía Local ha diseñado un operativo especial y la recomendación a la ciudadanía es limitar el uso del vehículo particular.
Las protestas confluirán en Plaza España para después dirigirse a la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre. Los taxistas, cuyo presidente Fernando del Molino vaticina un seguimiento cercano al 100% en los grandes núcleos urbanos, exigen un compromiso «mayor en materia de inspección» sobre las VTC.
Versión de los VTC
La Asociación Profesional de la Movilidad (Movva), que agrupa a las VTC, ha respondido al paro con el anuncio de refuerzo en sus servicios para «garantizar la movilidad» de los ciudadanos, rechazando de plano las acusaciones del taxi.
La entidad defiende que las VTC operan con «plena legalidad» y son una «parte esencial de la movilidad moderna». Su presidente, Ricardo González, subraya: «Las VTC no somos el problema. Somos parte de la solución a un sistema de transporte que no da abasto».
Movva ha aportado datos que, a su juicio, desmienten la crisis del taxi:
- El valor medio de una licencia de taxi en València supera los 150.000 euros, un 20% más que hace dos años.
- La demanda de movilidad en la región ha crecido un 35% desde 2019, generando esperas de hasta 40 minutos en aeropuertos y puertos.
- La entidad incide en que los VTC generan más de 2.500 empleos directos y aportan 40 millones de euros anuales en impuestos y cotizaciones.
Además, recuerdan que tanto el Tribunal Administrativo Central como la Justicia Europea han reafirmado la legalidad de su modelo y que la regulación no puede discriminar a las VTC para proteger al taxi.
Mientras la tensión crece, la Conselleria de Infraestructuras, dirigida por Vicente Martínez Mus, asegura que respeta la protesta y mantiene el diálogo abierto, con una reunión reciente celebrada el pasado viernes. No obstante, el departamento ha recordado que la competencia para la imposición de multas a vehículos VTC no recae sobre la Conselleria, sino sobre los cuerpos policiales, derivando así la responsabilidad de la inspección.
