La primera jornada del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo, se ha convertido en una ofensiva frontal de la defensa contra la legalidad del procedimiento. La Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, denunció que su representado ha sido sometido a un «proceso injusto en su conjunto» y exigió la nulidad de las principales pruebas por la supuesta vulneración de derechos fundamentales.
La defensa sostiene que la investigación se inició con la «idea preconcebida de que el fiscal general era culpable», resultando en una «instrucción prejuiciosa y sesgada» de naturaleza «inquisitiva y claramente prospectiva».
El juicio se centra en la supuesta filtración de datos reservados del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La abogada del Estado, Consuelo Castro, justificó la actuación de García Ortiz, afirmando que el fiscal general recabó el «frenético intercambio de comunicaciones» entre el fiscal del caso y la defensa con un objetivo: desmentir una «confabulación pública» contra el empresario.
La letrada denunció una «actuación conjunta» entre la Comunidad de Madrid, el diario El Mundo y «algunos medios afines» destinada a «perjudicar al fiscal general». Este martes está prevista la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, cuyos tuits habrían provocado, según la defensa, la necesidad de la Fiscalía de emitir un desmentido.
Borrado del móvil
La defensa centró gran parte de su intervención en cuestionar la legalidad de la instrucción. Solicitó la nulidad de la declaración del secreto de las actuaciones por «falta absoluta de motivación» y arremetió contra el auto de entrada y registro en el despacho de García Ortiz.
Según Castro, la orden de registro, ejecutada por la UCO, «vulneró gravemente» los derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la inviolabilidad del domicilio, pues el magistrado instructor, Ángel Hurtado, dio «vía libre para copiar toda la información» de los dispositivos electrónicos del fiscal general «sin ningún filtro» para evitar la incautación de «material íntimo o reservado».
Respecto al borrado del móvil de García Ortiz, ocurrido el mismo día en que el Supremo acordó abrir la causa, la defensa presentó un informe pericial que concluye que «es imposible saber qué mensajes se borraron», sugiriendo que la eliminación podría no tener relación alguna con la investigación. Por ello, la Abogacía del Estado pide que se elimine de la causa toda la información obtenida de los dispositivos clonados y los informes de la Guardia Civil que la analizan.
