El desastre de la dana, que impactó gravemente a la Comunitat Valenciana y otras zonas de España en octubre del año pasado, ha activado una respuesta financiera sin precedentes desde Bruselas. La Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles la movilización de 946 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE), un desembolso que se consolidará como la segunda ayuda más cuantiosa concedida por este mecanismo desde su creación en 2002.
Técnicamente, según la web de la Comisión de Presupuestos, los miembros han votado la propuesta de movilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para prestar asistencia a España y Francia, tras las devastadoras inundaciones en la Comunidad Valenciana y los ciclones que azotaron Mayotte y La Reunión en 2024-2025. A principios de mes, ya informamos del visto bueno de la Comisión Europea para esta partida.
La decisión propuesta permitiría liberar 1.057 millones de euros en fondos para los países afectados por los desastres naturales. La ponente del expediente es Sandra Gómez López (S&D, España), quien fuera vicealcaldesa del PSPV-PSOE con Joan Ribó como alcalde de Valencia. Esta cifra solo es superada por los 1.200 millones de euros que se transfirieron a Italia en 2017 para paliar los estragos de los graves terremotos.
La decisión del comité parlamentario abre la puerta para que España reciba el saldo pendiente de la ayuda. En marzo de 2025, la Comisión Europea ya había abonado el máximo establecido por reglamento como anticipo, cifrado en 100 millones de euros, para cubrir los gastos inmediatos derivados de las inundaciones.
Para que la transferencia total se haga efectiva, la propuesta de movilización de fondos por parte de Bruselas aún debe recibir la aprobación formal del Pleno de la Eurocámara y del Consejo de la UE.
Destino del dinero
La inyección de capital europeo se destinará a la recuperación y reconstrucción de las áreas afectadas, cubriendo una amplia gama de infraestructuras esenciales. Los fondos se emplearán en la rehabilitación de sistemas de energía, agua, aguas residuales, telecomunicaciones, transporte, sanidad y educación. Además, cubrirán operaciones de limpieza, la provisión de alojamientos temporales y los servicios de salvamento activados durante la emergencia.
El Ejecutivo comunitario calculó los daños totales ocasionados por la dana en 18.080 millones de euros, una cifra ligeramente inferior a los 20.280 millones estimados inicialmente por las autoridades españolas. El informe de la Comisión constató que las fuertes lluvias afectaron a 845.000 personas en 84 municipios, devastando 170 centros educativos y más de 50 instituciones sanitarias. La catástrofe se cobró la vida de 237 personas, 229 de ellas solo en la provincia de Valencia.
