El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha confirmado “que la futura Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana nace con el objetivo de clarificar la farragosa normativa existente, agilizar y simplificar la gestión del territorio, recuperando la sensatez, la seguridad y la eficacia en la planificación urbanística”. Se trata, ha subrayado, de una norma “concebida como una herramienta sencilla, segura y útil, a la altura de los retos y oportunidades de la Comunitat Valenciana”.
Durante su participación en la jornada ‘Inmobilia: vivienda, ciudad y futuro’, organizada por Economía Digital y la Cámara de Comercio de la Comunitat Valenciana, donde ha presentado el anteproyecto de la ley, Martínez Mus ha explicado que la Generalitat “cierra con esta norma una etapa de incertidumbre y abre otra de claridad, planificación y acción, apostando por ordenar antes de urbanizar, proteger sin bloquear y agilizar sin perder garantías, con el fin de poner el territorio al servicio de la ciudadanía”.
La nueva ley, según ha explicado ante los empresarios presentes, surge de la necesidad de superar “un marco normativo obsoleto, resultado de años de reformas parciales que han derivado en procedimientos lentos, conceptos confusos y trámites interminables”. En este sentido, el objetivo es poner fin a la “carrera de obstáculos” que supone aprobar un plan urbanístico, garantizando la seguridad jurídica y facilitando la labor tanto de los municipios como de los sectores implicados.
Claves de la nueva norma
Entre las principales claves del borrador del texto, destaca la prioridad de ordenar el territorio antes de urbanizar, actualizando la Estrategia Territorial y los Planes de Acción Territorial para coordinar infraestructuras, vivienda, industria, transporte y medio ambiente. Además, el nuevo Plan General se plantea como un instrumento más ágil y útil, con un enfoque estratégico que simplifica su aprobación y revisión, mientras que el Plan Urbanístico Simplificado permitirá facilitar la gestión en municipios pequeños o en riesgo de despoblación.
La norma también aporta claridad al uso del suelo no urbanizable, al establecer que en el común se permitirá lo que no esté prohibido y en el protegido solo lo expresamente autorizado. Asimismo, regula la situación de miles de edificaciones preexistentes mediante órdenes individualizadas de minimización que, sin legalizarlas, garantizan condiciones de seguridad, salubridad y sostenibilidad.
En materia de gestión urbanística, se introducen fórmulas más flexibles que incorporan la colaboración público-privada, la gestión municipal o por propietarios, y se refuerzan tanto la participación pública como el retorno social. Respecto a las licencias, la declaración responsable se convierte en el título ordinario, lo que permitirá reducir plazos y simplificar procedimientos sin renunciar al control posterior.
La disciplina urbanística se fortalecerá mediante la actuación de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, con el fin de garantizar la igualdad de condiciones y una respuesta más eficaz frente a la ilegalidad. Con ello, se podrán desbloquear planes estancados, generar suelo para vivienda asequible, atraer inversión, rehabilitar barrios degradados y proteger el paisaje de forma uniforme.
Asimismo, el texto apuesta por un urbanismo del siglo XXI, basado en la rehabilitación, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y el equilibrio territorial, utilizando un lenguaje claro y coherente que refuerza la seguridad jurídica y evita la dispersión normativa.
Finalmente, tras su aprobación inicial por el Consell, el anteproyecto inicia ahora su fase de información pública, audiencia a administraciones y entidades afectadas, incorporación de alegaciones y posterior remisión a Les Corts para su tramitación parlamentaria. En este sentido, Martínez Mus ha invitado a todos los presentes y sectores implicados a aportar sus propuestas de cara a contar con la mejor normativa posible.
