El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido sentenciado a dos años de inhabilitación especial para el cargo por el Tribunal Supremo. Esta es, sin duda, la parte más relevante de una condena que le impide seguir al frente de la Fiscalía General del Estado. El alto tribunal, que decidió adelantar el fallo de la sentencia apenas una semana después de la vista oral, le considera autor de un delito de revelación de datos reservados. La decisión se tomó por mayoría de cinco votos frente a dos en la Sala. La tipificación elegida es el artículo 417.1 del Código Penal, que castiga a la autoridad que divulga secretos conocidos por razón de su oficio.
Además de la inhabilitación, el Supremo impone a García Ortiz una multa de 7.200 euros. Adicionalmente, deberá indemnizar con 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Esta cantidad está muy por debajo de los 300.000 euros solicitados por el empresario como acusación particular.
Aunque el fallo ha sido notificado a las partes, la sentencia aún está pendiente de redacción, por lo que la condena todavía no surte efectos. Finalmente, el Supremo ha avanzado que los objetos incautados durante los registros, incluidos los del despacho de la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, serán devueltos o destruidos.
Reacciones
Tras conocerse el fallo, las reacciones políticas no se hicieron esperar, generando un fuerte contraste entre el Ejecutivo y la oposición. Fuentes del Gobierno han confirmado que, aunque «respetan el fallo pero no lo comparten». En consecuencia, el Ejecutivo ha anunciado que «en los próximos días» se pondrá en marcha el proceso para nombrar a un nuevo o nueva fiscal general del Estado, asegurando que será una persona del «máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho». Las mismas fuentes han querido «reconocer la labor de Álvaro García Ortiz en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado».
Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, emitió una declaración institucional de gran dureza, calificando el fallo del Tribunal Supremo como un «antes y un después». Feijóo sostiene que la condena «confirma que quién debía perseguir el delito lo cometió» y que la conducta del fiscal general es «incompatible con la dignidad de su cargo».
El líder de la oposición acusó al fiscal de ser un «peón en la estrategia del ejecutivo» y de participar en una «operación política contra Ayuso», sintiendo que la «separación de poderes es lo que se ha visto atropellado».
Feijóo responsabiliza directamente al presidente del Gobierno por haberle «nombrado, por haberle mantenido y animado a mantenerse cuando resultó imputado, por haber sostenido que el Fiscal General era inocente y que la sentencia debería ser exculpatoria». Por ello, concluye que se requiere un «mínimo de decencia» para pedir disculpas a la justicia y a la ciudadanía, disipar «toda sombra de duda de una institución clave» y, finalmente, la «dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones».
