El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, presentó su renuncia al Gobierno el pasado lunes, tan solo días después de que el Tribunal Supremo lo condenara a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de datos reservados. La dimisión puso fin a un mandato polémico, marcado por la controversia que arrastró desde su nombramiento.
En una carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, García Ortiz comunicó su decisión, argumentando su «profundo respeto» a las resoluciones judiciales. Afirmó que su dimisión era un «acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española», que tomaba «sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia».
La misiva reconocía que el fallo del «más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país» significaba la imposición de una pena de inhabilitación especial, tras haber valorado como delictivos los hechos objeto de enjuiciamiento. La decisión de renunciar derivaba directamente de este fallo judicial.
Pese a solicitar el cese de su mandato, el fiscal general saliente defendió su gestión, afirmando tener «el convencimiento de haber servido fielmente a la institución» con «una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional». Solicitó al Consejo de Ministros que aceptara su cese «a petición propia» y agradeció la confianza depositada en él con su nombramiento en julio de 2022. «La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo al entender que, una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad», insistió al final del texto.
La inhabilitación impuesta por el Supremo auguraba otra grave consecuencia para García Ortiz, pues forzaría la apertura de un expediente que podría culminar en su expulsión de la carrera fiscal por haber incurrido en delito doloso, según el Estatuto de la Fiscalía. Sin embargo, este proceso quedaría probablemente paralizado a la espera de un más que probable recurso ante el Tribunal Constitucional. El mandato de García Ortiz estuvo constantemente rodeado de polémica desde que sustituyó en el cargo a Dolores Delgado, su compañera en la Unión Progresista de Fiscales, y fue objeto de reiteradas peticiones de dimisión por parte de asociaciones de fiscales, incluso antes de que el Supremo anunciara su enjuiciamiento.
